Cuando un empresario se instala en la planta del poder

En la sexta sesión del juicio por el contrato de las mascarillas ha quedado a la vista, con la crudeza de una sala de tribunal, algo que no admite el envoltorio de eufemismos: un empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, apareció repetidamente en la planta tercera del Ministerio de Transportes, la planta del ministro, y eso no pasó desapercibido para quienes tenían que gestionar y controlar.

Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif, declaró como testigo que le extrañó ver con frecuencia a Aldama en ese espacio y que trasladó esa preocupación a José Luis Ábalos. "Le conté que me preocupaba que muchas veces estuviera allí el señor Aldama, porque no entendía su papel allí", dijo. Según su relato, Ábalos reconoció que no era normal y, a partir de esa conversación, Pardo de Vera no volvió a ver a Aldama en el ministerio. Ábalos, sin embargo, no dio explicación: "Lo achacó a que era amigo de Koldo y que Koldo era de esa manera", añadió la testigo.

Ese 'Koldo' al que alude Pardo de Vera, ex asesor del ministro, no figuró en la sombra: para la ex presidenta de Adif, era el interlocutor natural con el titular del departamento, manejaba la agenda y agendaba citas. Una pieza del engranaje, según su testimonio, que condicionaba el trámite institucional.

El ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, también citado y apartado ya de su cargo por ocultar contactos con Aldama, corroboró la impresión: para él, "Aldama estaba en la parte del ministerio. Estaba en estrecha relación con el ministerio, con la gestión de los aviones". Ese reconocimiento fue anotado con satisfacción por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Sánchez Manzanares, imputado en la causa, dijo igualmente que la selección de la empresa adjudicataria de las mascarillas "venía decidida del ministerio" y que él se limitaba a ejecutar lo que llegaba: si eran cuatro millones, así; y si a los pocos minutos eran ocho, así. Esa transmisión de órdenes desde el ministerio hacia los equipos que tenían que contratar quedó expuesta asimismo en correos internos de Puertos que el propio testigo calificó de malintencionados fuera de contexto: bromas destinadas a rebajar la tensión que, en la sala, se escucharon con estupor.

El proceso de compra y la oferta de Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a la trama, llegó a manos del entonces director general de Organización e Inspección, Javier Sánchez Fuentefría, desde el ex subsecretario de Transportes, según declaró el primero en el Supremo. Él dijo no conocer otras ofertas pero aseguró que le dijeron que la de Soluciones de Gestión era "la mejor".

Y el hilo concluye en una pieza más: el ex subsecretario Jesús Manuel Gómez explicó que fue Koldo García quien le transmitió la orden de elevar la compra de cuatro a ocho millones de mascarillas, y que entendió con eso que se le transmitía la decisión final del ministro, por lo que luego firmó la orden.

En paralelo, Pardo de Vera negó conocer a Jésica Rodríguez y afirmó que el ministro "jamás" la llamó para colocarla en empresas públicas del ramo, y que ella fue la última en enterarse de cualquier relación entre el ministro y esa persona. Son precisiones que conviene retener en un expediente que se ha ido llenando de testimonios y correos y que, en conjunto, dibujan una cadena de influencia y decisiones que partían del ministerio y recaían en mandos y organismos dependientes.

No son opiniones: son declaraciones ante el Tribunal Supremo. Lo que hoy ha contado la sala es materia probatoria, y es allí donde deben quedar los hechos: presencia reiterada de un empresario en la planta ministerial, interlocuciones no siempre transparentes a través de un asesor, órdenes transmitidas que aumentaron el volumen del contrato y correos internos que apuntan a un ambiente enrarecido. El juicio sigue, y con él la obligación de que la verdad judicial aclare hasta el último eslabón de la cadena.