Cuando se pide amparo no cabe despreciar a quien lo ofrece

José Manuel Albares ha puesto sobre la mesa hechos incontestables y una pregunta que exige respuesta: si alguien solicitó y obtuvo protección diplomática ¿qué legitimidad tiene para desdeñar después a quien acudió en su auxilio?

El ministro ha declarado con claridad que María Corina Machado pidió refugio en la Embajada española durante su cautiverio, y que él mismo se lo concedió. No es una anécdota: en su relato situó ese gesto en la secuencia de ayudas que el Gobierno ha prestado al pueblo venezolano, recordando casos concretos como el de Leopoldo López, que residió en la Embajada y ha obtenido la nacionalidad española, y el de Edmundo González, que salió de Venezuela en un avión de las Fuerzas Armadas españolas y hoy reside en España.

Frente a esos hechos, Machado decidió no reunirse con miembros del Gobierno durante su estancia en Madrid, argumentando que ver con Pedro Sánchez habría enviado "un mensaje inadecuado" y que su causa tiene que ver con la verdad y con la gente. Esa decisión personal tiene consecuencias políticas: Albares acusa —con los términos que los hechos permiten— que Machado optó por actuar como una líder ideológica y por reunirse con la extrema derecha española en lugar de presentarse como representante de los venezolanos.

El reproche del ministro va más allá del gesto personal: se convierte en cuestión de coherencia institucional. "No se puede solicitar ayuda y luego desmerecer las instituciones españolas", afirmó. Y añadió una advertencia sobre el uso del espacio público: cuando se emplean las plazas de España para consignas que el Gobierno considera racistas, eso no tiene cabida en nuestro país. Son palabras dirigidas a marcar un límite entre agradecimiento y oportunismo político.

Machado, por su parte, declinó responder en público a las críticas, alegando no haber escuchado las declaraciones. En el escenario público paralelo, fue presentada por Felipe González en los desayunos de un foro, donde éste exaltó la lucha por la libertad y denunció la ausencia de derechos fundamentales en Venezuela.

No hay en este relato lugar para la ambigüedad: hubo petición de ayuda, hubo concesión de asilo diplomático y hubo, después, una distancia pública que el titular de Exteriores ha considerado incompatible con la gratitud y la representación. La discusión política es legítima, pero los hechos, cuando se enuncian con precisión, reclaman una respuesta que explique por qué se produce esa ruptura entre auxilio concedido y críticas dirigidas a quien lo prestó.