Cuando lo imprescindible no puede esperar: Benidorm asume el transporte que la Generalitat dejó en la estacada

Hay momentos en los que la gestión pública debe responder con rapidez y sin excusas. Benidorm ha tomado esa decisión: promover un contrato de emergencia para garantizar el servicio de autobús en las líneas que hasta ahora prestaba la concesión de la Generalitat Valenciana. No es una ocurrencia, es una necesidad provocada por la realidad administrativa.

La concesión autonómica CVA-006, que cubría Benidorm y su entorno, terminó hace unos meses. La Conselleria de Transportes abrió en febrero el contrato CE706/CE-711 Benidorm Metropolitano, que cubre la movilidad interurbana y los tráficos urbanos vinculados a esas líneas interurbanas. El resultado: quedaron excluidas, según el propio pliego, las rutas estrictamente urbanas “de forma unilateral”.

Ante ese vacío, Avanza Movilidad Levante —la empresa que seguía la concesión anterior— comunicó en noviembre de 2025 al Ayuntamiento su intención de cesar, a partir del 1 de enero de 2026, la prestación de las líneas urbanas excluidas del nuevo contrato. Fue entonces cuando el Consistorio se apresuró a preparar un proyecto simplificado y a sacar un contrato de emergencia, amparado en el artículo 85 de la Ley 16/1987, para que el servicio básico y esencial no se resienta.

El acuerdo de emergencia es claro en sus límites: duración máxima de dos años, tiempo en el que el Ayuntamiento licitará y adjudicará el nuevo servicio municipal. Las líneas incluidas en este contrato —denominadas de la A a la K, con recorridos que conectan puntos clave como Aqualandia, Severo Ochoa, la estación de tren, Rincón de Loix o Terra Mítica— quieren evitar la fractura de la movilidad cotidiana.

El pliego técnico exige una flota mínima de 12 vehículos (10 en servicio y 2 de reserva), incluyendo los dos vehículos eléctricos de titularidad municipal. También regula el precio del billete sencillo, fijado en dos euros, y las bonificaciones existentes, así como la gratuidad para usuarios de determinados aparcamientos disuasorios.

En cifras económicas, el Ayuntamiento estima un coste total del servicio de 1.724.710,38 euros sin IVA, con ingresos previstos de 981.421 euros sin IVA. El desfase obliga a la administración local a aportar hasta 743.289,15 euros (sin IVA) anuales para equilibrar el servicio; si se agota el plazo de dos años, la aportación máxima alcanzaría 1.486.578,30 euros (1.635.236,13 euros con IVA).

El servicio ha salido a licitación por procedimiento abierto el 23 de abril y el plazo está abierto hasta el 30 de abril. No es la primera vez que el gobierno local anuncia un proyecto propio: ya en 2019 y de nuevo en 2021 el Ayuntamiento defendió la idea de un servicio municipal con la intención de mejorar la eficacia y fomentar el uso, especialmente entre residentes y desplazamientos laborales, en línea con una estrategia de movilidad sostenible.

Esto plantea una cuestión elemental: cuando una administración superior redefine competencias o licitaciones y deja fuera servicios urbanos esenciales, ¿quién responde por la continuidad del servicio público? Benidorm ha respondido con medidas inmediatas. La política, más allá de ideologías, exige diligencia y responsabilidad. Y hoy esa diligencia la ha asumido el gobierno local para que nadie se quede sin autobús.