Cuando las aulas se convierten en campo de batalla identitario

El poder político que reordena la enseñanza no puede pretender que nadie lo contemple como un trámite administrativo más. La modificación del currículo de Bachillerato promovida por la Consejería de Educación de la Generalitat valenciana es, en efecto, una intervención consciente: priorizar el estudio de obras de «autores autóctonos» y, en la práctica, vetar a los autores catalanes en la asignatura de Valenciano.

No es un gesto aislado ni un arrebato técnico: responde a una hoja de ruta política ya perfilada en los guiños del PP de Carlos Mazón a Vox, donde la preservación de «señas de identidad» en las aulas figuró como consignal. Juanfran Pérez Llorca cumple, así, una promesa marcada por su antecesor, con un movimiento que prolonga el debate identitario dentro del propio espacio del bloque de centro-derecha valenciano.

Que los centros educativos «decidan», dice la Consejería, pero la realidad curricular es tozuda: nombres como los de Mercè Rodoreda o Maria-Mercè Marçal desaparecen del currículo oficial. La propuesta introduce lecturas centradas en la literatura valenciana, española e hispanoamericana y subraya el estudio de autores «en valenciano», acotando con ello el horizonte literario que recibirán los alumnos de Bachillerato.

La Academia Valenciana de la Lengua no tardó en advertir del riesgo: limitar el estudio a autores nacidos en la Comunidad supone una visión «aislada y descontextualizada» de la literatura. Es una observación que no se puede soslayar porque plantea una pregunta elemental: ¿se enseña para formar ciudadanos con perspectiva o para reforzar lecturas identitarias que fragmentan el conocimiento?

La paradoja añade sal a la herida. Llorca, que en su debate de investidura marcó distancias con Mazón y con Vox al posicionarse del lado de la AVL —que reconoce la unidad del valenciano y el catalán— ahora impulsa una reforma que la propia Academia ha criticado. No es menor que la Consejería haya rechazado, además, rebautizar la asignatura como pedía la Asociación de Escritores en Lengua Valenciana; el nombre permanecerá: «Valenciano, lengua y literatura». Pero el contenido, al parecer, cambia de signo.

En política, las palabras «priorizar», «preservar» o «decidir desde los centros» pueden ser anestésicos que esconden decisiones de fondo. Esta modificación curricular habla de una voluntad de configurar la memoria literaria y la identidad cultural desde el poder político, condicionada por alianzas y por la necesidad de contentar a socios parlamentarios. Eso es lo que los hechos documentan: una reforma que no nace del consenso académico sino de la correlación política.

Hay pocas decisiones más serias que las que moldean la educación de las generaciones venideras. Reducir el acceso a la pluralidad literaria en nombre de una identidad «autóctona» no es una mera corrección curricular; es una apuesta por una visión concreta del país y de su historia cultural. A quien gobierna corresponde la responsabilidad de no convertir las aulas en terreno de disputa partidista, sino en espacios de conocimiento que amplíen y no que encierren el horizonte de los estudiantes.