Cuando la responsabilidad vence a la táctica: España ratifica su alianza con Francia

El Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia —el llamado tratado de Barcelona, firmado en enero de 2023 por Emmanuel Macron y Pedro Sánchez— ha superado este miércoles otro escollo parlamentario. La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso lo aprobó por 20 votos a favor y 17 en contra, gracias al giro de Junts per Catalunya y de Podemos, que hace trece meses se habían abstenido y que hoy han optado por apoyar el acuerdo.

Queda ahora el último trámite: la ratificación en el pleno de la Cámara baja prevista para la próxima semana. Tras la votación en comisión, y habida cuenta de la aritmética parlamentaria mostrada, no queda duda razonable de que el convenio llegará a su aprobación definitiva. No es una formalidad menor: la Asamblea Nacional francesa ya lo ratificó en marzo de 2025; España no puede permitirse el desconcierto bilateral de aquel primer rechazo que sorprendió a París ni la imagen de una alianza partida por diferencias internas.

El núcleo del desacuerdo lo resumió el PP: la cláusula que prevé la participación rotatoria de un ministro español y otro francés en la reunión del Consejo de Ministros del socio, al menos una vez cada tres meses. Para el PP y Vox, ese mecanismo entra en colisión con la literalidad constitucional sobre la composición del Gobierno. Para sortear ese reparo, los ministros de Exteriores, José Manuel Albares y Jean-Noël Barrot, suscribieron en abril un acuerdo de interpretación que precisa que la incorporación del ministro del país vecino se producirá “en los márgenes” y en un encuentro “por separado”, y no como parte del acto oficial del Consejo de Ministros.

El PP ha rechazado esa solución y ha preguntado por qué no se incluyó como anexo del tratado, además de cuestionar la conveniencia de volver a tramitar ante el Congreso un texto que fue tumbado anteriormente. La vía de modificar el convenio resultaba, en cualquier caso, compleja: cualquier alteración obligaría a someterlo de nuevo a la Asamblea Nacional francesa.

El rechazo inicial del Congreso, en mayo de 2025, provocó estupor en Francia y dejó patente que la diplomacia bilateral puede resentirse por las disputas interiores. Expertos franceses advertían entonces que la no ratificación emitiría un mensaje de país, más allá de la lectura partidista, y que tal decisión “dejaría huella”.

El tratado, compuesto por 36 artículos, no es un compendio de buenas intenciones vacío de concreción: establece cauces de diálogo y cooperación en materias tan diversas como concertación europea; política exterior, seguridad y defensa; justicia e interior; cultura, ciencia y educación; industria, agricultura y energía; juventudes y deporte; y, muy relevante para la relación hispano-francesa, la cooperación transfronteriza y las interconexiones de transporte y energéticas. Fuentes diplomáticas subrayan que, sin un marco así, se pierden foros y estrategias para tratar asuntos prácticos, como las interconexiones energéticas y el desarrollo transfronterizo.

Para el Gobierno, el rechazo del PP no responde tanto a dudas jurídicas como a una estrategia de pureza táctica: no aprovechar ninguna oportunidad para situar en jaque al Ejecutivo, aun al precio de dañar relaciones internacionales. En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional archivó el recurso presentado por la mayoría del PP en el Senado al estimar que, tras el veto del Congreso, el recurso quedaba sin objeto, debilitando así el argumento esgrimido entonces por los populares.

Hoy, la Comisión ha optado por la responsabilidad frente al tacticismo. La ratificación definitiva en el pleno será la prueba de fuego: si España culmina el proceso, recuperará la normalidad en una pieza clave de su política exterior; si no, la sombra de aquel voto negativo volverá a proyectar dudas sobre la voluntad del país para consolidar su vínculo con el vecino más influyente. La decisión que tome la Cámara próxima semana no será solo un acto parlamentario: será una decisión sobre la España que queremos ser en Europa y sobre cómo gestionamos lo que, en diplomacia, se llama confianza entre Estados.