Cuando la providencia sustituye a la Constitución

Hay un arte en transformar deberes en deferencias. Y en eso el Gobierno ha mostrado pericia: presentar presupuestos al Congreso debería ser un mandato claro, de calendario y de responsabilidad; se ha convertido en una opción que aguarda la benevolencia de la providencia.

El presidente Sánchez, según la crónica, invoca la conmoción internacional —los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán— como argumento para suspender sine die la presentación de las cuentas. Si la historia se interpone en una agenda política, bienvenida sea la historia; si no, siempre cabe la posibilidad de una excusa mejor, tan pintoresca como la mencionada en la crónica: cualquier pretexto sirve cuando falta esmero en dar razones.

Que un Gobierno no logre aprobar unas cuentas puede ser fruto de la dinámica parlamentaria. Lo difícil de defender, y aquí reside la gravedad, es que se rehúya siquiera el trámite de someterlas a votación por temor al resultado. Peor aún: retirarlas o aplazarlas por cálculo electoral, como se ha contado —Sánchez habría pedido a Salvador Illa que retrasara la votación para no perjudicar en Andalucía a la candidata María Jesús Montero— reduce el Parlamento a una escena instrumental al servicio de intereses tácticos.

La Constitución no deja lugar a ambigüedades en este punto: exige presentar los presupuestos al menos tres meses antes de que venzan los anteriores. Los últimos presupuestos se aprobaron en diciembre de 2022. No es una recomendación ni un gesto de cortesía; es una obligación mínima de un Ejecutivo que debe respetar el cauce parlamentario.

Tratar al Congreso como un trámite optativo y a los ciudadanos como público al que hay que 'transmitir la gravedad del momento' muestra una concepción degradada de la democracia. No intervienen tanques ni charreteras doradas, pero la erosión es real: el desprecio por obligaciones elementales socava la confianza y convierte la política en un juego de malabarismos.

Si la explicación es la conjuntura internacional, convendría un ejercicio de claridad y de responsabilidad: explicar cómo esa situación impide cumplir un mandato constitucional, qué medidas interinas se adoptan y por qué no cabe, pese a la tensión exterior, mantener el mínimo respeto al Parlamento. Si, por el contrario, la razón es el cálculo electoral, entonces el Gobierno debería aceptarlo y asumir las consecuencias políticas de priorizar intereses partidistas sobre las obligaciones institucionales.

El peligro no es solo la postergación de unas cuentas públicas. Es la normalización de la excusa, el hábito de convertir lo obligatorio en negociable y la costumbre de justificar la excepción con palabras grandilocuentes. Cuando las obligaciones se negocian según la conveniencia, la democracia se vuelve frágil; cuando la providencia sustituye a la norma, pierde vigor el principio básico: el Gobierno rinde cuentas ante el Parlamento, no ante la coyuntura ni el oportunismo.

Y si la habilidad para buscar justificantes sigue siendo escasa, cabrá esperar nuevas ocurrencias. Mientras tanto, nadie debería olvidar que pedir tiempo es legítimo, pero eludir el control democrático por razones de conveniencia electoral es inaceptable.