Cuando la política se convierte en acoso: la querella que sacude a Móstoles

Los hechos, según cuenta la propia afectada en su querella, son nítidos en su crudeza: reclutada en otoño de 2022 para ser la mano derecha del candidato Manuel Bautista en Móstoles, la mujer, directora de instituto y afiliada al PP desde 2010, pasó de protagonizar la campaña a convertirse en objeto de proposiciones sexuales en traslados en coche.

Es el propio relato —firmado por el letrado Antonio Suárez-Valdés— el que detalla cómo, tras aceptar responsabilidades como jefa adjunta de campaña, miembro del Comité Ejecutivo y responsable de área socio sanitaria y distritos, comenzaron las insinuaciones. El 23 y el 26 de marzo de 2023, según expone, Bautista le realizó comentarios directos sobre buscar "algún hueco de tranquilidad" y "tener algo más fuera del trabajo", pese a que ella le recordó en varias ocasiones que estaba casada y con hijos.

La querella afirma que la respuesta de la exconcejala fue una negativa rotunda a mantener una relación de tipo sexual. A partir de esa negativa, denuncia, se produjo una respuesta que califica como persecución: aislamiento, discriminación e invisibilización profesional dentro del proyecto político.

El procedimiento judicial ya ha tomado vías concretas: la querella fue presentada el 16 de febrero y remitida desde los juzgados de instancia de Móstoles a un juzgado específico de violencia sobre la mujer. La Fiscalía solicitó el 9 de marzo que se dé impulso procesal al escrito y se abran diligencias informativas. Según la información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el órgano judicial aún no se ha pronunciado.

No son opiniones: son pasos procesales y un relato en primera persona que el escrito despliega en orden cronológico, detallando reclutamiento, proposiciones en el coche, las fechas señaladas y la consecuencia que la denunciante atribuye a su negativa. El hecho de que un caso así haya pasado a un juzgado de violencia sobre la mujer y cuente con el impulso solicitado por la Fiscalía exige que las autoridades competentes actúen con la celeridad y la seriedad que demandan tanto la ley como la confianza pública.

Que los hechos estén ahora en manos de la justicia no borra la necesidad de proteger a quien denunció y de esclarecer con rigor lo sucedido. La querella, el traslado al órgano especializado y la petición de diligencias informativas por parte de la Fiscalía son, por ahora, los datos objetivos que orientan este asunto. Del resto, deberá ocuparse el procedimiento judicial en curso, respetando las garantías procesales y la presunción de todas las partes.