Cuando la ley se tambalea bajo las placas y los molinos

Hay momentos en que las palabras «confianza» y «servicio público» quedan reducidas a eco. El arresto del ex número dos del Ministerio de Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) no es un episodio aislado: es una advertencia sonora sobre cómo se concedieron permisos de enorme calado, con efectos irreversibles sobre espacios protegidos y especies emblemáticas.

Los hechos conocidos son contundentes y deben leerse sin adorno. La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid certificó que la planta fotovoltaica FV Tagus, construida por Iberdrola en Alcántara (Cáceres) en 2024, se erigió gracias a “una resolución manifiestamente contraria a la normativa nacional y europea de protección ambiental”, que favoreció al promotor y se apartó de los objetivos de conservación de hábitats protegidos. A pesar de ello, la planta llegó a instalarse en terrenos de la Red Natura 2000 y ocupó espacios habitados por buitre negro, águila imperial y lince ibérico, según el propio informe fiscal.

No es sólo un caso de permisividad: la investigación del UCOMA sobre Forestalia apunta a pagos de varias mercantiles vinculadas a la empresa a otras sociedades de menor valor pertenecientes al entorno de Domínguez, pagos que habrían llegado también a través de su mujer y con la intervención de un notario que legalizó operaciones que nunca se inscribieron. Los agentes indagan hasta 52 permisos concedidos por el alto cargo para proyectos eólicos, y han detectado indicios de cohecho en transacciones societarias diseñadas para ocultar el rastro.

A la gravedad de estas pesquisas se suma una anomalía procesal que reverbera: el 20 de enero, cuando la Justicia citó a declarar como imputados a Marta Gómez Palenque, directora de Calidad Medioambiental del Ministerio, y a Eugenio Domínguez, ningún fiscal de Medio Ambiente acudió a interrogarles, pese a que la norma exige la personación de la Fiscalía en procedimientos de esta naturaleza. La propia Unidad Técnica de la Fiscalía había calificado el caso como palmariamente irregular, y sin embargo en la sala no hubo representante fiscal.

El instructor, Juan Carlos Peinado, tomó declaración a Domínguez y suspendió el trámite respecto a Gómez Palenque, decisión que la instrucción explicará. Mientras tanto, las pesquisas siguen su curso: la UCOMA recopiló indicios sobre autorizaciones concedidas a Forestalia para un proyecto —el Clúster del Maestrazgo— que propuso más de 200 aerogeneradores de gran altura en una zona protegida de Teruel y que fue denunciado por organizaciones locales.

Hay aquí causas y efectos que la opinión pública debe entender sin atenuantes. Cuando una decisión administrativa que afecta a la Red Natura 2000 es calificada por la Fiscalía como contraria a la normativa comunitaria y nacional, y cuando aparecen indicios de operaciones societarias opacas y de pagos vinculados a quienes debían garantizar el cumplimiento de la ley, la confianza ciudadana se erosiona. Y todo ello coincide con el debate sobre la reforma de la instrucción penal que propone dar más peso a la Fiscalía en las investigaciones: los hechos recientes no invitan a la relajación institucional sino a la máxima prudencia y transparencia.

No se trata de juicios anticipados sino de exigir claridad y responsabilidad. La ley, la tutela de los espacios protegidos y la credibilidad de las instituciones exigen que las investigaciones avancen con celeridad y rigor, que se depuren responsabilidades y que se restablezca la normalidad en la aplicación de normas ambientales que protegen no sólo fauna y hábitats, sino el interés general. El país y sus paisajes no pueden convertirse en moneda de cambio ni en terreno de maniobra para decisiones que deben ser públicas, justificadas y conformes a derecho.