Cuando la ley castiga a los responsables: Mutxamel y la paradoja del remanente bloqueado

El Ayuntamiento de Mutxamel, lejos del tópico del consistorio endeudado, se presenta ante sus vecinos con cifras que hablan por sí solas: más de 10,6 millones de euros de remanente para gastos generales, ausencia de deuda pública y un periodo medio de pago a proveedores por debajo del límite legal. Sin embargo, la contabilidad técnica ha señalado un incumplimiento formal de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en la liquidación de 2025 y, por ello, el equipo de gobierno ha llevado al pleno un Plan Económico Financiero para 2026-2027.

Resulta extraordinario —y debe decirse con claridad— que un ayuntamiento «saneado», con recursos propios suficientes para afrontar inversiones sin endeudarse, se vea forzado a justificar su gestión ante la tutela financiera. El propio equipo de Intervención reconoce que el origen es técnico: un efecto estadístico ligado a la baja ejecución de ejercicios anteriores que hace parecer, de forma artificial, que el incremento del gasto supera los límites fijados. No es una pregunta de solvencia; es una cuestión de fórmulas y porcentajes.

El alcalde Rafael García Berenguer ha resumido la paradoja con tino: tenemos dinero en el banco, no tenemos deudas, pagamos a tiempo, y, sin embargo, la normativa estatal nos impide usar libremente ese remanente. ¿Qué incentiva ese régimen fiscal? ¿La prudencia o la penalización de la prudencia? Cuando las reglas penan a quien administra con responsabilidad, el mensaje es perverso: ahorrar y gestionar bien puede traducirse en limitaciones para invertir en servicios y mejoras para los vecinos.

Frente a la alarma que podría generar tal intervención externa, el equipo de gobierno apuesta por medidas de gestión: mejorar la recaudación, planificar inversiones y controlar el seguimiento presupuestario. Con claridad se ha descartado subir impuestos y se promete que el plan no implicará recortes. Es una hoja de ruta administrativa, un corsé legal para mantener la estabilidad sin renunciar a la calidad de los servicios públicos.

Hay que subrayarlo: lo que se debate no es la salud económica del municipio sino el diseño del marco normativo que rige a los ayuntamientos. El Plan Económico Financiero —vigente para 2026 y 2027 y con remisión prevista a la Generalitat Valenciana— nace de una obligación legal, no de una crisis. Y esa diferencia importa: no es un plan de emergencia, es un plan de compatibilización entre la contabilidad técnica y la acción municipal.

Si aspiramos a una administración local más eficaz, es imprescindible revisar mecanismos que penalizan la gestión responsable. Mientras tanto, los ciudadanos de Mutxamel deben saber que su ayuntamiento mantiene una base financiera sólida y que las limitaciones que enfrentan responden a criterios formales y coyunturales, no a falta de recursos ni de voluntad política para invertir en el municipio.