Cuando la justicia mira hacia otro lado: de Via Laietana a la ONU

La noticia es simple y cruel: dos hermanos, detenidos con 17 años por su militancia antifranquista en 1971, denuncian haber sido torturados en la comisaría de Via Laietana. Sus voces, a más de cinco décadas, han chocado con el mismo muro que tantas víctimas del franquismo conocen: la vía penal en España ha sido cerrada.

La organización Irídia ha llevado ahora la reclamación hasta el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. No es un gesto retórico: es la traducción lógica de un proceso interno agotado. La querella, presentada en noviembre de 2023 ante el Juzgado de Instrucción nº 3 de Barcelona, fue archivada por prescripción, por el principio de legalidad y por la ley de amnistía de 1977. La Audiencia de Barcelona confirmó ese archivo y el Tribunal Constitucional rechazó el amparo.

Frente a ese cierre judicial, la Fiscalía actuó de forma distinta: apoyó la querella invocando la Ley de Memoria Democrática de 2022, que reconoce expresamente que los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser amnistiados. Esa discrepancia entre Ministerio Público y tribunales marca un conflicto jurídico y moral que trasciende el caso concreto.

La Audiencia, en su argumentación, vino a decir que la ley de amnistía hacía "inviable" abrir la vía penal y que el derecho a la investigación previsto en la Ley de Memoria Democrática "puede satisfacerse" fuera de los tribunales. Traducido: reparación simbólica y memoria, sí; responsabilidad penal, no.

Los hermanos María Isabel y José Pablo Ferrándiz no son nombres sueltos en un expediente: fueron torturados por cuatro agentes en la comisaría de Via Laietana tras su detención por su pertenencia, según la querella, a Jove Guàrdia Roja. Sus abogados, y la propia Irídia, interpretan este rechazo judicial como parte de un patrón de impunidad que afecta a los crímenes del franquismo, pese a la expectativa de justicia abierta por la Ley de Memoria Democrática.

La comunicación remitida a la ONU solicita medidas concretas y mesuradas en la letra de los hechos: que España investigue, que modifique el Código Penal y la ley de amnistía, que garantice el acceso público a los archivos sobre la represión franquista y que la comisaría de Via Laietana deje de ser sede policial para convertirse en espacio de memoria e interpretación del delito de tortura.

Acompañando la petición hay peso testimonial: más de 100 supervivientes de la tortura franquista han suscrito la carta que acompaña la comunicación, y cerca de 7.000 personas y 181 entidades respaldan la campaña projusticia. También hay antecedentes judiciales recientes que muestran la dificultad de abrir cauces en instancias supranacionales: una demanda similar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue inadmitida.

Todo ello obliga a una constatación incómoda: la Ley de Memoria Democrática abrió una vía y la sociedad y muchas víctimas creen tener margen para la reparación y la investigación. Pero las decisiones de jueces y audiencias, apoyadas en figuras jurídicas anteriores a esa ley, han mantenido intactos obstáculos que las víctimas denunciaron ayer y denuncian hoy ante la ONU. Si la ley no desplaza real y efectivamente esos muros, la promesa democrática quedará a medias.

No se trata de simbolismos adornados, sino de consecuencias prácticas: la exigencia planteada ante Naciones Unidas pide que el Estado haga lo que la propia Ley de Memoria Democrática proclama. Que lo haga o que explique por qué la memoria debe contentarse con palabras cuando las víctimas reclaman investigación, reparación y justicia efectiva.