Cuando la impostura se viste de prensa: el caso Quiles y la desfachatez del abuso

La indignación pública no nace del rumor: nace del acto repetido que pretende convertir la transgresión en costumbre. Renfe ha decidido llevar a los tribunales una conducta que, según la propia empresa, no es un desliz aislado sino una práctica reiterada. Se trata de un procedimiento por un presunto delito de estafa, motivado por la compra de billetes sólo para una parte del recorrido, la utilización de servicios y espacios sin el acceso autorizado y el daño reputacional que, siempre según la compañía, esas conductas han provocado.

Los hechos concretos, tal y como los ha relatado Renfe, son nítidos y no se prestan a la mitología: el pasado agosto, un billete de AVE de Alicante a Albacete fue el punto de partida. En ese viaje el viajero ocupó una butaca 'confort' que no había contratado y, tras la parada en Albacete, continuó hasta Madrid. Sólo ante la insistencia del interventor abonó el exceso de viaje. Además, y a tenor de lo publicado por la propia empresa sobre los contenidos que el denunciado colgó en sus redes sociales, hizo uso de una sala 'Executive' sin tener el acceso correspondiente.

Renfe no actuó por impulso: sostiene que esa práctica se repitió de forma reiterada, obteniendo un lucro en perjuicio de la compañía y generando además una publicidad que, en la lectura empresarial, ha causado daño reputacional. En consecuencia, la empresa decidió denunciar y el asunto pasó a manos del juzgado, que citó al implicado en dos ocasiones: una notificación no pudo efectuarse por no localizarle y una segunda comparecencia quedó sin efecto porque, según el relato de la compañía, no acudió pese a haber sido notificado conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sin alegar excusa alguna.

A esta secuencia de hechos se suma un episodio institucional: la Mesa del Congreso suspendió de manera temporal las acreditaciones de prensa que tanto Vito Quiles como Bertrand Ndongo ostentaban para el desarrollo de actividades informativas en la Cámara Baja. La decisión parlamentaria llega un día después de que Renfe hiciera público su procedimiento, y subraya que no son asuntos aislados, sino que afectan también a la confianza en los espacios públicos y en quienes reclaman la condición de informadores.

No corresponde aquí emitir juicios más allá de lo confirmado por las partes: hay una denuncia, hay alegaciones formales de Renfe sobre conducta reiterada y daño reputacional, y hay citaciones judiciales a las que, según la empresa, no se respondió. El devenir procesal aclarará responsabilidades y consecuencias. Lo que sí cabe afirmar desde la esfera pública es que el privilegio de acceso a servicios y acreditaciones impone deberes; cuando esos deberes se vulneran, la respuesta institucional y judicial debe ser la que marcan las normas, sin rodeos ni complacencias.