Cuando la Historia reclama su voz: más demoras en el traslado de Torre Placia

La historia no espera el calendario administrativo ni se pliega a la prisa de los trámites. Lo que debía ser un traslado planificado de Torre Placia en Alicante se ha revelado como un proceso más complejo de lo previsto: durante el desmontaje y la reconstrucción en la parcela municipal junto al Parque Héctor y Juana Francés han aflorado elementos históricos que hasta ahora no estaban documentados.

Ha sido la labor escrupulosa de la empresa Estudio Métodos de la Restauración la que ha puesto al descubierto restos de la escalera de caracol original, muros de la antigua alquería anexa y la necesidad de supervisión arqueológica en la parcela de destino, integrada en el Bien de Interés Cultural de las Torres de la Huerta. Hallazgos que no son anécdota: obligan a formular un modificado del proyecto para incorporar elementos no previstos en la planificación inicial.

¿Consecuencia inmediata? Suspensión parcial de los trabajos y la previsión de variación en condiciones contractuales: coste y tiempo de ejecución se verán afectados. El encargo fue adjudicado por 1.769.777 euros para un plazo de seis meses; ya se concedieron hasta dos prórrogas y la última expiró el 31 de marzo. A día de hoy, ni los nuevos importes ni los nuevos plazos han sido concretados.

No se trata solo de piezas que encajan mal en un cronograma: está en juego la integridad patrimonial y la contextualización histórica del monumento. El proyecto contemplaba además la identificación y señalización del emplazamiento original en la calle Clara Campoamor, junto al residencial Azalea Golf, solar ahora desocupado y vallado. Recordemos que el traslado nace de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de hace 22 años, que instaba a corregir las afecciones al entorno de protección de la torre que generó el desarrollo urbanístico de Azalea Golf en los años noventa.

El Ayuntamiento propuso la reubicación como alternativa a la demolición de viviendas afectadas, una solución que obtuvo el visto bueno del TSJ y del Ministerio de Cultura, condicionada a garantías adicionales sobre la conservación del monumento y su papel histórico como torre defensiva frente a incursiones del siglo XVI. Es ese compromiso —la correcta preservación de la memoria material— el que ahora obliga a detenerse y a replantear actuaciones.

Es imperativo que la gestión pública combine celeridad administrativa con rigor patrimonial: la detección de restos no es una traba caprichosa sino una obligación ética y técnica. Pero esa obligación exige, a su vez, transparencia en las decisiones: si hay modificación del proyecto, es imprescindible que se informen con claridad los nuevos plazos, los costes adicionales y las medidas de supervisión arqueológica que garanticen la conservación del conjunto.

La ciudadanía exige —y merece— que la defensa del patrimonio se ejerza sin improvisaciones ni oscurantismos. El hallazgo reclama prudencia y respeto: que la historia hable y que los gestores respondan con explicaciones y plazos veraces. Solo así se honra el pasado, se protege el presente y se planifica con responsabilidad el futuro de Torre Placia.