Cuando la gestión pública se juega en climas extremos

La noticia es tan sencilla como el alivio que produce un aire frío cuando el calor ha sido insoportable: la Conselleria de Sanidad ha adjudicado los contratos para renovar la climatización del Centro de Salud de Tomás Ortuño de Benidorm. Dos acuerdos, formalizados entre marzo y abril, que suman una inversión prevista en torno al millón de euros y que responden, por fin, a demandas reiteradas de sanitarios y usuarios.

No hablamos de una mejora cosmética ni de un capricho presupuestario. El contrato de obra, adjudicado a Yomee Energy Services SL por 974.050 euros (IVA incluido), sustituye a un sistema que el propio proyecto reconoce como amortizado. Los renovadores de aire actuales no cumplen la normativa y, según el diagnóstico técnico, estaban produciendo niveles elevados de CO2. Es decir: salud pública comprometida por una infraestructura que había dejado de servir a su propósito.

El proceso de licitación fue concurrido —siete empresas inicialmente— y terminó con una oferta por debajo del presupuesto inicial, lo que demuestra que era posible encarar la obra con rigor económico. La dirección de obra recae en Valnu Servicios de Ingeniería por 30.465,93 euros, también por debajo de lo previsto. Son datos que invitan a valorar la competencia técnica y la contención del gasto público, dos virtudes que deben ser norma y no excepción.

La radiografía del fallo es terca: el pasado año los trabajadores y pacientes sufrieron temperaturas diurnas alrededor de los 30 grados, con profesionales trayendo aires acondicionados portátiles desde sus casas o reubicándose en dependencias alternativas del Departamento de Salud de la Marina Baixa. Sanidad explicó que la avería se agravó al no hallarse piezas de repuesto, y así se optó por la renovación completa de la instalación. No es aceptable que la respuesta a una emergencia de servicios públicos sea improvisar soluciones domésticas mientras la infraestructura se desespera.

La intervención abarcará 2.363 metros cuadrados repartidos en las cuatro plantas del edificio —salvo aseos y almacenes— y contempla medidas concretas para reducir la carga térmica, como la instalación de una lámina correctora del factor solar en claraboyas. El plazo de ejecución es de dos meses, lo que abre la posibilidad razonable de contar con la instalación operativa el próximo verano. Buena noticia, pero aviso: la prontitud de la ejecución será la prueba del compromiso real con los profesionales y los pacientes.

Hay una lección que debe extraerse sin complacencias: el correcto mantenimiento y la renovación oportuna de la infraestructura sanitaria no es un gasto prescindible; es una inversión en dignidad y en seguridad. Que el contrato salga adelante y con ofertas por debajo del presupuesto inicial no exime a la administración de explicar cómo se permitió llegar a la situación de deterioro ni de garantizar mecanismos que eviten repetidos colapsos por falta de repuestos o previsión.

En definitiva, la adjudicación es un paso necesario y aplaudible. Pero la memoria debe permanecer: la tutela de la salud pública exige anticipación, mantenimiento y respeto por quienes trabajan en ella y por quienes la necesitan. No basta con reparar cuando ya se ha roto; hay que construir una política pública que no permita que lo imprescindible dependa de aires acondicionados prestados.