Cuando la educación local queda en vilo: Orihuela exige respuestas y urgencia

La política local, a veces, no es otra cosa que la suma de decisiones cotidianas que determinan el futuro de los niños y la tranquilidad de las familias. En Orihuela, esa suma hoy arroja dudas: PSOE y Cambiemos han pedido una comisión extraordinaria para que el equipo de gobierno explique por qué la estabilidad de servicios educativos básicos se ha convertido en una incógnita.

No son invenciones alarmistas. La petición, anunciada por los concejales Juan Miguel López (PSOE) y Quique Montero (Cambiemos) ante la Escuela Infantil Municipal de La Murada, parte de hechos concretos y preocupantes. La gestión de La Murada sigue en manos de la empresa municipal Uryula Histórica S.L.; plantilla y gerencia pidieron una encomienda de gestión por cinco años para garantizar continuidad y estabilidad. La respuesta oficial, según la oposición, sería una propuesta de apenas ocho meses vinculada solo al trámite de una futura adjudicación externa. Quique Montero ha denunciado que "se trata de una decisión unilateral del edil de Educación, Vicente Pina", y Juan Miguel López ha exigido transparencia para que trabajadoras y familias conozcan el futuro del servicio.

Paralelamente, la Escuela Infantil de Orihuela Costa vive su propia incertidumbre contractual: la segunda y última prórroga que regulaba su servicio finalizó el pasado 27 de mayo, y el Ayuntamiento no ha informado cómo garantizará la prestación para el próximo curso. La ausencia de comunicación no es una mera displicencia administrativa; para PSOE y Cambiemos evidencia una deficiente planificación que afecta directamente a numerosas familias que ya preparan el nuevo año escolar.

Y hay más: el CEIP Virgen de la Puerta y, en general, los centros educativos del municipio arrastran un retraso de más de tres años en la tramitación del contrato de mantenimiento. La falta de ese contrato ha obstaculizado reparaciones y ha contribuido al deterioro progresivo de colegios. Los informes técnicos conocidos sobre el CEIP Virgen de la Puerta apuntan, según la oposición, a una situación irreversible que podría forzar un cierre de cara al próximo curso. Frente a esa posibilidad, los grupos exigen al equipo de gobierno que explique las alternativas para alumnado, profesorado y familias y las medidas adoptadas para garantizar la continuidad educativa en el barrio del Rabaloche.

No es discurso hueco: es la oposición planteando preguntas que requieren respuestas concretas y plazos. Cuando un contrato se agota y no existe una hoja de ruta pública en plena preparación del curso siguiente, no cabe la excusa de la improvisación inocua. Las administraciones locales no pueden convertir a padres, maestros y niños en piezas negociables de decisiones administrativas sin brillo ni explicación.

Exigir transparencia y planes no es confrontación por el gusto de confrontar; es la defensa de lo público frente a la incertidumbre. Orihuela, en consecuencia, necesita que el equipo de gobierno rinda cuentas en esa comisión extraordinaria: que explique si apuesta por un modelo público estable o por una transición apresurada hacia la adjudicación externa; que aclare cómo se mantendrá el servicio en Orihuela Costa desde el 27 de mayo; y que concrete soluciones inmediatas y calendarios para el mantenimiento de los centros y la salvaguarda del CEIP Virgen de la Puerta.

La educación no admite pausas ni vaivenes; exige decisión, planificación y respeto por quienes dependen de ella. La pelota ahora está en el tejado del gobierno municipal: que la comisión no sea un trámite, sino el inicio de respuestas claras y medidas efectivas.