Cuando la disciplina se vuelve venganza: Ortega Smith y la purga interna en Vox

Javier Ortega Smith ha plantado batalla formal: una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el Comité Ejecutivo Nacional y el Comité de Garantías por la supuesta filtración de su expediente de expulsión. No se trata de retórica: es la respuesta administrativa y judicial a la sensación de haber sido precipitado fuera del partido.

El concejal y aún portavoz en el Ayuntamiento de Madrid denuncia que la dirección le pidió que "se hiciera el harakiri" presentando su dimisión como si hubiera cometido un desliz. Según su versión, si él no cedía, ya tenían la excusa —el expediente— para expulsarle. Esa es la trama que describe: una coacción para forzar la apariencia de culpabilidad.

En lo estrictamente procesal, Ortega Smith recuerda que la expulsión no es definitiva. Aun quedan "dos recursos" por presentar y resolver: el recurso de reposición, que esta semana se formaliza ante el Comité de Garantías, y el posterior recurso de alzada ante el CEN. No obstante, él anticipa un pronóstico sombrío: considera que los órganos internos son juez y parte.

Su crítica a la arquitectura interna del partido es directa y severa. Afirma que las garantías del Comité de Garantías "no van a servir para nada" porque sus miembros han sido nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional y "trabajan todos a sueldo del partido", con lo que la independencia, en su opinión, es "cero".

Ortega Smith denuncia además una decisión del CEN que, a su juicio, vulnera la propia normativa interna: haberle expulsado "sin esperar siquiera" a que concluyese el procedimiento con los recursos previstos. "¿Pero si vuestra propia normativa dice que todavía no estás expulsado hasta que no se acabe todo el procedimiento con los recursos que hay!", arremete el edil, subrayando la contradicción entre forma y fondo.

Frente a lo interno, anuncia la vía externa: "Y luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme". Repite que la dirección deberá probar ante los órganos jurisdiccionales la causa de su cese como portavoz municipal y que, en su lectura, lo que se está persiguiendo es que deje su condición de representante público mediante un procedimiento que tacha de "absolutamente arbitrario" y carente de garantías.

En definitiva, el conflicto ha pasado de los despachos de partido a la esfera pública y a la casilla administrativa y judicial. Ortega Smith invoca derechos fundamentales como representante público y apela al Estado de Derecho: "Yo sigo creyendo que estamos en un Estado de Derecho", afirma, dejando claro que su siguiente parada, si no hay consenso interno, serán los tribunales y la investigación por la filtración ante la AEPD.