Cuando la demagogia arma la política exterior

Alberto Núñez Feijóo ha empuñado un fusil dialéctico y ha elegido campo de tiro: la política exterior. Tras el ataque a Irán, tomó partido por Donald Trump y cargó contra la posición internacional de España sustentando una tesis llamativa: antes del derecho internacional están los derechos humanos y en Irán no se protegen.

Esa proposición —apuntada por el exlíder opositor— no es un detalle retórico; es una coartada para justificar acciones militares y una invitación a diluir obligaciones que son claras en los textos fundacionales de nuestra convivencia internacional. No es ya solo un reproche a un Gobierno; es una tentativa de reescribir el orden jurídico que regula el uso de la fuerza.

La Unión Europea y la Carta de Naciones Unidas no dibujan jerarquías volátiles. El Tratado de la Unión europea, en sus primeros artículos, enlaza el respeto a la libertad, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos con la promoción de la paz y el “estricto respeto” al derecho internacional, incluida la Carta de la ONU. Todo en el mismo plano, no a merced de apetitos políticos.

La Carta de la ONU prohíbe los actos de agresión y obliga a resolver las controversias por medios pacíficos; solo admite la legítima defensa "en caso de ataque armado" desde otro Estado. La diferencia entre guerra de agresión, ilegal, y acciones de autodefensa, legítimas, no es retórica: es un abismo jurídico y moral.

Desmarcarse sistemáticamente de la política exterior del Gobierno —del Estado que uno dice representar— por simple voluntad de desgaste partidista fue antaño impensable salvo frente a desvaríos extremos. Hoy, la costumbre amenaza con normalizar la instrumentalización de la pertenencia a la UE y del lenguaje jurídico en batallas domésticas. El resultado no es patriotismo; es partidismo que fractura la coherencia internacional.

En política exterior no vale la palabrería de emergencias morales que encubren la rebeldía táctico-partidaria. Defender la patria exige, antes que titulares estridentes, lealtad a las obligaciones internacionales y claridad en la distinción entre lo legítimo y lo ilegal. Nadie —menos aún un líder político— puede presentar como alternativa lo que los tratados ponen en pie de igualdad: valores y derecho, cuerpos indivisibles de una misma obligación pública.