Cuando la confianza sanitaria se quiebra: detienen a un médico en Cullera

La noticia es tan grave como diáfana: la Guardia Civil detuvo el 27 de marzo de 2026 a un médico del centro de salud de Cullera acusado de, al menos, dos delitos de agresión sexual. Las diligencias se abrieron a raíz de la denuncia presentada por una de las víctimas en el acuartelamiento, que relató cómo, durante una visita por un cuadro de malestar general en urgencias, el facultativo realizó acciones que la hicieron sentirse "violentada sexualmente" bajo el pretexto de proceder a una atención médica.

La investigación no quedó en esa primera denuncia. Los agentes localizaron a una segunda mujer que confirmó haber sufrido una agresión de naturaleza similar. Con esos testimonios y vista la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de un hombre de 35 años, de nacionalidad venezolana-francesa, al que se le atribuyen esas dos agresiones sexuales.

El detenido ha sido apartado del servicio y tiene sendas órdenes de alejamiento que le impiden aproximarse tanto a las víctimas como a los centros médicos donde ejercía. La Benemérita ha hecho un llamamiento público para que otras mujeres que consideren haber sido víctimas de este facultativo se personen y denuncien. Las diligencias, tramitadas por el Puesto Principal de Cullera, fueron remitidas a la Sección de Violencia sobre la Mujer del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sueca (Plaza nº 1).

No son detalles menores: hablamos de la vulneración de la confianza básica que los pacientes depositan en quienes los atienden. La actuación diligente de la Guardia Civil —investigación tras denuncia, localización de una segunda víctima, detención y medidas cautelares— muestra que los protocolos de actuación penal se han puesto en marcha. Corresponde ahora al órgano judicial competente continuar con la instrucción y determinar responsabilidades conforme a derecho.

Frente a hechos como estos no caben vacilaciones retóricas ni gestos simbólicos: las víctimas deben recibir atención y garantías, y los centros sanitarios deben colaborar para que no haya impunidad. La llamada de la Guardia Civil a posibles nuevas víctimas es una invitación a que la verdad salga a la luz y a que el procedimiento judicial siga su curso sin interferencias.

Que hechos de esta naturaleza ocurran en un servicio público obliga a la reflexión institucional: proteger la integridad física y moral de los pacientes es una prioridad innegociable. La ley y los procedimientos existen para ofrecer respuesta; las víctimas han dado el paso de denunciar y la sociedad exige que las instituciones actúen con firmeza y eficacia.