Cuando la burocracia se convierte en cómplice: el informe que desnuda la gestión minera en Cerredo

El informe hecho público por la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias no es un mero tecnicismo: es un mapa de omisiones que conduce, paso a paso, al desastre. Allí donde debería haber rigor y diligencia administrativas —controles, inspecciones, exigencia de proyectos y planes— hubo atajos, silencios y una tolerancia que, en el caso de Cerredo, terminó en la explosión del 31 de marzo de 2025 que segó las vidas de cinco mineros e hirió a otros cuatro.

El documento señala con claridad que el Servicio de Minas pudo emplear la figura del Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) para autorizar extracciones y, así, eludir la aplicación del plan de cierre y de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. No es una interpretación retórica: son hechos administrativos que permiten sortear la devolución de ayudas estatales, requisito ineludible según la normativa. No es menor: es lo que convierte una autorización en posible fraude de ley.

A esa maniobra se suma, según el informe, una preocupante inactividad administrativa en materias cruciales: seguridad y salud laboral, protección y restauración medioambiental. La Inspección describe ausencia de apertura, tramitación y finalización de procedimientos, y destaca que no se practicó informe técnico alguno sobre la actividad real de las empresas ni se pidieron aclaraciones ante discrepancias en las memorias presentadas. Una administración que no pregunta, que no exige documentación coherente, está renunciando a su deber elemental de supervisión.

El informe pone además el foco en la empresa Blue Solving: actividad clandestina, extracción no autorizada, incumplimientos de medidas de seguridad y ventilación inadecuada en las galerías. Aunque el Principado sostiene que el PIC solicitado por la empresa nunca llegó a estar operativo por no haberse presentado el preceptivo plan de labores, el hecho de que la empresa solicitara extraer hasta 60.000 toneladas y que, a los dos días de adquirir la titularidad, pidiese la conformidad administrativa para contratos de prestación de servicios que dejaban clara la intención de actividad extractiva, revela, cuando menos, una alarmante laxitud en la respuesta administrativa. Es grave que Minas no mostrase oposición ni realizase inspección hasta diez meses después.

No es un fallo aislado. La Inspección advierte de causas estructurales: normativa estatal obsoleta, ausencia de desarrollo legislativo autonómico, pérdida de plantilla en el Servicio de Minas, sistemas informáticos obsoletos y procedimientos de autorización de transmisiones mineras carentes de motivación y de acompañamiento por proyectos de explotación y restauración. Se suma la falta de una estrategia de inspección aprobada, la práctica habitual de inspecciones con previo aviso y demoras injustificadas en la apertura de expedientes sancionadores.

La inspección ha remitido su informe a la Fiscalía y ha recomendado que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo adopte actuaciones para determinar responsabilidades. El consejero Borja Sánchez, presente en la presentación pública, ha apelado por el momento a asumir y ejecutar las once recomendaciones del informe antes que a la discusión sobre responsabilidades políticas. Procede, sí, ejecutar recomendaciones; pero también procede que la sociedad obtenga claridad sobre quiénes, con nombre y cargo, permitieron que la regulación y la supervisión se convirtieran en decorado mientras se practicaba extracción clandestina.

No basta la tecnocracia de los papeles: la evidencia documentada obliga a una respuesta completa. Modernizar sistemas, reforzar plantilla, aprobar estrategias de inspección, exigir proyectos de explotación y restauración vinculantes, y, sobre todo, aplicar con firmeza la ley son medidas urgentes. Cada demora administrativa que el informe describe tiene un precio humano. Es imperativo que la decisión pública recupere su función protectora y que quien haya fallado ante la ley y ante la comunidad responda. La memoria de las víctimas demanda algo más que recomendaciones: exige justicia y reformas efectivas.