Cuando la autoridad se convierte en sospecha: la Policía y la cuenta pendiente de la confianza

Hay momentos en que las instituciones, pilares de la convivencia, se ven obligadas a mirarse al espejo y a responder si merecen la confianza que la sociedad les deposita. El interrogatorio celebrado ante el magistrado David Maman Benchimol resumió, en frío y en sala, esa fractura: dos versiones irreconciliables sobre lo ocurrido el 23 de abril de 2025 en el domicilio oficial del comisario José Ángel González, hasta entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.

La inspectora denunciante, asistida por una psicóloga, ratificó ante el juez lo que ya dejó escrito en su querella: que fue violada tras ser presionada para mantener relaciones sexuales pese a sus negativas; que vivió una relación que ella describe como "destructiva" en la que se sintió "presa" y humillada; y que tardó en acudir a la justicia por miedo y por la condición del acusado como máximo responsable del Cuerpo. No es dato menor que la denunciante explicara cómo activó una grabación "porque no me fiaba" y para protegerse, y que su abogado subrayara que el audio recoge negativas explícitas de ella a sostener relaciones sexuales.

Frente a ese relato, el exalto mando presentó una versión radicalmente distinta: negó los hechos que se le imputan, admitió la existencia de una relación esporádica de "amantes" y defendió que fue él quien puso fin a dicha relación. Reconoció su voz en el audio, admitió besos y abrazos al llegar a la vivienda, pero negó que se consumara una relación sexual. Además, sostuvo que la denunciante habría intentado "meterle en una trampa" y que su comportamiento respondió a celos y actitud errática.

Son hechos objetivos del proceso: la comparecencia ante el juez, la ratificación de la querella por parte de la inspectora, la admisión por el investigado de su voz en la grabación y su negativa a los cargos, y la declaración de que el investigado pasó a la jubilación tras admitirse a trámite la querella. Son hechos que obligan a los operadores jurídicos a decidir sobre la veracidad y alcance de unas alegaciones tan graves como determinantes para la vida de las personas implicadas y para la reputación de la institución.

No es momento de juicios públicos anticipados ni de consignas polarizadoras: la Justicia tiene ahora la palabra y las diligencias deben seguir su curso con rigor, sin presiones ni espectáculo. Pero sí es tiempo de exigir a la Policía —a cualquier cuerpo que custodia la seguridad pública— procedimientos que garanticen la protección de quienes denuncian y la investigación rigurosa e imparcial de quienes son señalados, sea cual sea su rango. La gravedad de las acusaciones, la posición de autoridad que ocupaba el investigado y el silencio inicial de la víctima por temor son factores que, por sí solos, reclaman una investigación escrupulosa.

Que la causa avance en los tribunales no exime a la comunidad política y a la sociedad de la responsabilidad republicana: sostener instituciones sólidas implica reclamar transparencia, protocolos eficaces y capacitación constante para evitar que dinámicas de poder degeneren en abuso y que las víctimas se sientan desprotegidas. Cuando la máxima autoridad de un cuerpo policial aparece implicada en una querella de esta naturaleza, no son retóricas: son obligaciones cívicas las que se ponen a prueba.

El respeto a la presunción de inocencia del investigado y el derecho de la denunciante a ser oída y protegida son dos exigencias simultáneas de nuestro Estado de Derecho. Defenderlas a la vez es el deber de quienes creen en la nación y en sus instituciones: no hay patriotismo posible sin integridad institucional. Que la investigación esclarezca los hechos y que la respuesta de la Justicia sea, al final, la que restituya la confianza de la ciudadanía.