Cuando la Administración valida lo que la cultura rechaza: el escándalo de Aranjuez

La historia podría leerse como un desconcierto técnico entre preservación y modernidad. Pero los hechos conocidos la convierten en algo mucho más elemental: la inadecuación de decisiones administrativas, y la sospecha de que detrás de ellas no solo hubo errores de criterio, sino actuaciones que exigen una respuesta judicial y social.

En marzo de 2023, la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio dio su visto bueno al megaparque fotovoltaico Envatios Fase II, proyectado junto al casco histórico de Aranjuez, ciudad protegida por la Unesco desde 2001 y Conjunto Histórico-Artístico desde 1983. El parque, que completarí­a un archipiélago de paneles en la zona, hubiera implicado la tala de 11.000 olivos, afectado a un espacio natural con avutarda y dejado su extremo a apenas 25 metros del colegio Maestro Rodrigo. Una decisión que, por su alcance paisajístico y patrimonial, resultaba—en apariencia—incierta y potencialmente lesiva para el patrimonio y el entorno urbano.

Lo que agrava el asunto no son únicamente las imágenes de cientos de miles de placas junto a jardines neoclásicos y palacios borbónicos, sino el contexto en el que se adoptó esa autorización. Entre 2022 y 2024, el titular de esa Subdirección, Eugenio Domínguez, concentró y resolvió de forma inusitada un volumen de expedientes que, según denuncias internas, superó con creces la actuación esperable respecto al resto de la plantilla. Las pesquisas de la Guardia Civil, iniciadas tras esas denuncias, implicaron la toma de declaración a numerosos funcionarios y, en el marco de una investigación más amplia sobre permisos concedidos a Forestalia, apuntaron a un presunto pago de cinco millones por parte del dueño del grupo a Domínguez para obtener autorizaciones ambientales.

Paralelamente, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) trazó la actuación del alto funcionario hasta cuestionar su ejecutoria en varios permisos, y la propia contratación que siguió a su jubilación —un nombramiento directo por la Secretaría de Estado en 2023— añade un componente político-administrativo que obliga a escrutar minuciosamente las prácticas de tramitación.

Y la respuesta internacional llegó: en un informe fechado el 28 de noviembre pasado, la Unesco consideró que el megaparque era “geométrica y visualmente incompatible con el trazado y el parcelario históricos”, y que su carácter industrial generaba un “impacto negativo elevado” sobre la zona de amortiguamiento del bien protegido, causando una saturación paisajística que pone en riesgo la integridad del paisaje histórico.

Hoy es un juez quien debe valorar si se suspende cautelarmente la construcción, a petición del Ayuntamiento y de los vecinos. Hay, en este cruce de decisiones, una triple obligación: preservar el patrimonio cultural, proteger entornos naturales y escolares, y garantizar que la Administración actúe con transparencia irreprochable.

Si la tutela del patrimonio público queda a merced de gestiones opacas, el daño no será solo físico —olivos, paisaje, aulas— sino moral: la pérdida de confianza en instituciones hechas para servir al interés general. La Unesco ha señalado el peligro. Los habitantes de Aranjuez y la justicia esperan la respuesta. El país reclama que no se borre la línea entre lo que debe protegerse y lo que, por razones de sospecha y prudencia, debe paralizarse hasta que la verdad aparezca.