Cuando el propio partido se acusa: Page lleva al Gobierno a los tribunales por el trasvase

Hay decisiones que obligan a escoger entre la disciplina de partido y la fidelidad al territorio. Emiliano García‑Page ha optado por lo segundo: la Junta de Castilla‑La Mancha ha autorizado un recurso contencioso administrativo contra el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para exigir la aplicación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo‑Segura.

No es una disputa menor ni una anécdota administrativa. El recurso pretende que se apliquen normas que reducirían el agua trasvasada al Levante y esgrimidas razones técnicas y ecológicas: un balance hídrico negativo vinculado al traslado de agua a la cuenca del Segura; un daño ecológico irreparable en cinco espacios protegidos de la Red Natura 2000 en Castilla‑La Mancha; e irregularidades detectadas en los volúmenes de caudales ecológicos establecidos para 2025. Sobre esas bases se articula la decisión de acudir a los tribunales.

Que quien promueve la demanda sea dirigente del mismo partido que ocupa el Gobierno central añade una gravedad política singular. García‑Page ha lamentado el "duro" trance de tener que denunciar en los tribunales a un Ejecutivo "del mismo partido político" y ha subrayado que han dado más de un año de margen para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo, que son cinco y están vinculadas a la directiva europea de carácter ecologista señalada por el PSOE.

En el tablero regional no ha faltado la réplica. El líder del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha acusado a Page de "hipocresía" en un mensaje en X, defendiendo por encima de todo los intereses de su comunidad y sosteniendo que el recurso desmonta el argumento del presidente murciano, Fernando López Miras, sobre un supuesto recorte del trasvase. Desde la organización socialista de Castilla‑La Mancha, Sergio Gutiérrez ha recordado que ningún socialista puede oponerse a que se cumplan sentencias del Tribunal Supremo y ha subrayado el carácter jurídico y ambiental de las resoluciones.

La fotografía es diáfana: hay sentencias del Supremo pendientes de ejecución; la Junta castellano‑manchega detecta daños ambientales y presuntas irregularidades; y el camino elegido ha sido el judicial. Es legítimo y, desde la óptica del Gobierno regional, necesario. Pero también provoca fricción política con aliados regionales que entienden el agua como cuestión de supervivencia socioeconómica.

Así las cosas, el pleito puede quedar como un episodio transitorio, con la esperanza de Page de que exista solución y, llegado el caso, la posibilidad de retirar la demanda. O puede abrir una etapa de confrontación jurídica y política entre administraciones del mismo signo que apostaban por la lealtad orgánica. No es menor: se trata del agua, de ecosistemas protegidos y del cumplimiento de fallos del Tribunal Supremo. Y cuando eso está en juego, las lealtades se miden en hechos y en tribunales, no en consignas.

La política —la buena política— exige hoy responder con claridad: ¿se prioriza la protección del medio y el cumplimiento judicial, o la consolación de equilibrios territoriales que negocian recursos hídricos esenciales? El recurso de Castilla‑La Mancha coloca la pregunta en el centro del debate y obliga a una respuesta que, quiera o no, tendrá consecuencias políticas y ambientales.