Cuando el Estado de bienestar se refugia en el hogar

El diagnóstico es austero y no admite eufemismos: el Estado de bienestar en España, hoy, son los padres. Los bajos salarios y el precio desbocado de la vivienda han convertido la emancipación en una entelequia y han hecho de la familia el último colchón frente a la precariedad.

No es una percepción: los datos lo avalan. Según Eurostat, en 2024 cerca de seis millones de jóvenes entre 18 y 34 años dependían de sus padres o no podían marcharse de casa. Más de un tercio de los progenitores reconocía en 2023 haber ayudado a sus hijos en el último mes con tareas cotidianas o pagos básicos; y más de la mitad confesaba que ellos no recibieron entonces tanta ayuda. Incluso las transferencias monetarias directas alcanzaron récords en 2024 y 2025: los baby boomers han sido, en los hechos, el banco de la emergencia habitacional.

Se nos vende la idea de una “gran transferencia” hereditaria que resolverá todo en el futuro. El Banco de España cifra que el 45% de la riqueza de los hogares está en manos de los baby boomers; se habla de billones en juego. Pero esa promesa es frágil: la prolongación de la esperanza de vida y la tensión sobre servicios esenciales —sanidad entre ellos— pueden convertir ese patrimonio en gasto legítimo para cuidados en la vejez. La popularización de fórmulas como la venta de la nuda propiedad lo atestigua: patrimonio que se monetiza para asegurar una pensión mejor, no que se reserva como dote para la siguiente generación.

Y si miramos atrás, la senda económica dibuja una injusticia persistente. Entre 2002 y 2022 solo los mayores de 65 años mantuvieron o mejoraron niveles de renta respecto a antes de la crisis de austeridad; los más jóvenes no han dejado de retroceder. Estudios citados muestran pérdidas de riqueza dramáticas para las generaciones nacidas en los noventa: los treintañeros llegaron a perder hasta el 75% de su riqueza en ese período. Cada joven anclado en la casa paterna no es una anécdota, sino una pieza más en la arquitectura de una sociedad de oportunidades menguadas.

La consecuencia política es inevitable y elemental: un Estado de bienestar que se privatiza hacia la familia es un Estado que deja de producir oportunidades. Si las priorizaciones legislativas sitúan el foco en los mayores —con debates sobre pensiones que proyectan subidas del gasto hasta el 16% o 17% del PIB para 2050— y relegan las respuestas a la juventud, el resultado es una Europa con generaciones divididas por experiencia y renta.

No espere, quizá, contenedores ardiendo ni grandes tumultos. Hay una narrativa de pacificación social que justifica la continuidad del sistema: se convence a los jóvenes de que heredarán, de que la precariedad actual es provisional. Pero apoyarse en la buena voluntad familiar como sustituto de políticas públicas no es una solución; es una bomba de relojería social. España, persistente en su atraso en vivienda protegida, está abonando un futuro con menos hogares, menos movilidad y menos oportunidades económicas.

La pregunta que impone la realidad es sencilla y severa: ¿vamos a seguir celebrando que la familia compense fallos estructurales, o vamos a colocar en la agenda políticas que permitan a las nuevas generaciones construir su propia vida con dignidad? Porque si hoy el Estado de bienestar son los abuelos y los padres, el sistema está reventado o a punto de hacerlo. Y a ese estallido no conviene esperar sentado.