Cuando el deber se tambalea bajo mando tóxico: la Policía y la Comisaría del Senado en el banquillo

La institución que vela por la seguridad en el corazón de la Cámara Alta se enfrenta a una evaluación que no es de protocolos, sino de convivencia. La Dirección General de la Policía ha incoado un expediente de evaluación de riesgos psicosociales en la Comisaría Especial del Senado, a raíz de denuncias sindicales que señalan al jefe de la unidad por presuntos casos de acoso laboral, estrés y problemas de salud laboral.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha pintado un diagnóstico severo: una “situación insostenible” y “graves riesgos psicosociales” entre los agentes destinados en la Cámara Alta, atribuyendo la situación —según su nota— “a los patrones conductuales y el estilo de liderazgo nocivo ejercido por el responsable de la unidad”. Son palabras que exigen respuesta institucional, y por eso la Dirección General ha emprendido esta evaluación cuyo cometido es analizar, desde el ámbito de riesgos laborales, el clima dentro de la comisaría.

No son alegatos aislados. El SUP trae a colación un historial del mando cuestionado: su paso por las Unidades de Intervención Policial (UIP) de Madrid y por la Comisaría Local de Leganés, donde, según el sindicato, infundió miedo con la amenaza constante de expedientes y convirtió destinos en castigos. Asimismo, el sindicato remarca la existencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que vinculó el ambiente tóxico y el acoso laboral en una unidad con el trastorno adaptativo ansioso severo padecido por un policía, lo que culminó en el reconocimiento de una jubilación como ocasionada en acto de servicio.

Los informes médicos que cita el SUP describen un “ambiente de terror” con episodios de humillaciones, insultos e incluso burlas. Son acusaciones que elevan lo personal a lo institucional: cuando el profesional de seguridad sufre en su puesto, queda afectada la propia capacidad de la institución para cumplir su deber. Por eso el sindicato reclama medidas correctoras para apartar estas dinámicas en la Policía Nacional y exige que la situación en la Comisaría del Senado cese de inmediato; advierte, además, de que emprenderá acciones legales si no se actúa.

La apertura de la evaluación de riesgos psicosociales no es un veredicto, pero sí es la respuesta administrativa necesaria ante denuncias fundadas que apuntan a fallos en el liderazgo y en el clima laboral. El imperativo es claro: garantizar la salud laboral de los agentes, preservar la integridad institucional de una comisaría que protege al Parlamento y aplicar, si procede, las correcciones que restablezcan el orden y la dignidad en el trabajo policial.

La opinión pública y los propios cuerpos policiales merecen transparencia en este proceso y, sobre todo, soluciones que no eludan responsabilidades. Si hay toxicidad en el mando, la estructura tiene el deber de erradicarla; si el diagnóstico es otro, también se debe aclarar con celeridad. La confianza en las instituciones se mide, a menudo, por la capacidad de estas para autolimitarse y corregirse cuando sus miembros sufren daños dentro de sus propias filas.