Cuando el Congreso esculpe la crisis de la vivienda y abandona a la juventud

El Congreso de los Diputados dispuso ayer una votación que no es técnica ni neutra: era una bifurcación en el destino de miles de jóvenes que aspiran a una vida propia. Frente a esa encrucijada, el Consejo de la Juventud, voceando a más de sesenta organizaciones juveniles, levantó una carta abierta para exigir responsabilidad y denunciar lo que no se puede llamar sino abandono.

No son apreciaciones etéreas ni lamentos generacionales. La plataforma subraya, con datos de experiencia social y colectivos, que el acceso a la vivienda se ha convertido en mecanismo de exclusión: «es más fácil devorar bloques con vecinos dentro siendo un fondo buitre que acceder a una vivienda siendo una persona física», señala la misiva. Esa frase, dura y precisa, resume una transformación: la vivienda ha dejado de ser un refugio para ser una mercancía.

La carta no se queda en la indignación: advierte de consecuencias políticas y sociales. Cuando el derecho básico a techo se vuelve inalcanzable para una parte relevante de la ciudadanía, la percepción de equidad se resiente y la confianza en las instituciones se erosiona. ¿Qué confianza cabe exigir cuando quienes representan al pueblo votan contra medidas que prolongaban contratos de alquiler y, según los jóvenes, desaprovechan una oportunidad de poner la vivienda en el centro?

No es un problema aislado. El Consejo conecta la crisis habitacional con la estabilidad laboral, la salud mental y la posibilidad de trazar proyectos de vida. Habla de cronificación de la precariedad entre generaciones que cumplen los itinerarios formativos y laborales esperados y, aun así, no alcanzan autonomía. Esa descripción no admite atajos retóricos: obliga a quienes gobiernan a explicarse y a actuar.

También hay una crítica clara al modelo: durante años se ha permitido que la función social de la vivienda ceda terreno ante la lógica de la inversión. Esa deriva, sostienen los jóvenes, dificulta más el acceso y contradice el mandato constitucional que reconoce el derecho a una vivienda. Es una acusación dirigida, legítima y punzante: cuando la política no regula el mercado, el mercado termina por regular la vida.

El mensaje final es directo y certero: las votaciones en el hemiciclo no son meros trámites; son decisiones que definen el acceso a derechos básicos. El Congreso «tuvo la oportunidad» de situar la vivienda en el centro y, según el Consejo, «no la cumplió». Esa constatación no puede quedar en la letra de una carta: exige respuestas, reformas y la urgente reparación de una fractura social que, dicen, debería “trascender cualquier interés partidista”.

Si la democracia se mide, entre otras cosas, por la capacidad de sus instituciones para garantizar derechos fundamentales, la carta del Consejo de la Juventud representa una alarma razonada. Atenderla no es concesión ideológica: es obligación de la política responsable.

(Fotografía: protesta a las afueras del Congreso durante el pleno que debatía y votaba el decreto ley sobre la prórroga de los contratos de alquiler.)