Cuando el amparo político se convierte en coartada: la red de influencias en la Sepi

La sombra que proyecta el poder puede ser un refugio o una coartada. En este caso, según los testimonios reconstruidos por la prensa, el paraguas político fue empleado como escudo y palanca: Vicente Fernández y Leire Díez, desde la esfera de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, desplegaron entre 2019 y 2022 un modo de operar que alternó la presión constante con el intento de extracción de beneficios de empresas públicas.

No se trata de rumores aislados, sino de relatos de directivos que describen llamadas frenéticas, órdenes impuestas y una sensación compartida de que había que plegarse a un poder que venía avalado desde arriba. Fernández fue designado presidente de la Sepi por María Jesús Montero en 2018 y cesado un año después tras aparecer implicado en la investigación de Aznalcóllar; Montero rechazó nombrar sucesor, arguyendo que la causa se archivaría, y ese intervalo fue aprovechado para que el acusado ejerciera una presidencia in pectore apoyado por Díez, según constan en agendas y testimonios.

El relato de los directivos es claro: muchos contestaban el teléfono porque sabían que Montero había dado la orden de preservarle el puesto y que, por tanto, nadie quería enfrentarse. No era una cuestión sólo de competencias técnicas; era una gestión orientada por intereses de negocio. Bartolomé Lora ejercía de presidente oficial, pero directivos aseguran que «mandaba Vicente» y que éste incluso anticipaba decretos por la información que decía poseer de Hacienda y ministerios.

La operación no se limitó a llamadas impertinentes: se articularon estructuras y se identificaron supuestas vías de financiación. Fernández creó una entidad —Mediaciones Martínez— que, según las pesquisas, pasó de facturar 47.000 a 504.000 euros en un año y llegó a funcionar sin empleados en un piso con decenas de sociedades. Esa evolución coincide, según las fuentes, con el momento en que la presión se volvió ya práctica lucrativa: 2022 fue, dicen, el año más próspero para la trama.

Díez, presentada por varios directivos como «la fontanera del PSOE», operó como jefa de gabinete no oficial: intermediaria necesaria para acceder a Fernández durante la pandemia, participante de videoconferencias con presidentes de empresas públicas y miembro de grupos de coordinación. Juntos, describen los testimonios, actuaban como tándem depredador: proponían grandes negocios y, si éstos no cuajaban, trataban de cobrar por otros conceptos. Servinabar, con Santos Cerdán y Antxon Alonso vinculados, aparece entre las plataformas señaladas y los imputados lo están también por mordidas, según la información disponible.

Los directivos citan episodios concretos: llamadas para disuadir a Tragsa de aceptar encargos, intentos de inmiscuirse en adjudicaciones y una insistencia que generó incomodidad y apartamiento por parte de las empresas públicas. Incluso Lora, el presidente «oficial», reconoció haber seguido hablando con Fernández y consultándole operaciones. El fin de esa influencia se sitúa para algunos en el nombramiento de Belén Gualda como presidenta de la Sepi, aunque otras fuentes prolongan la presión al menos un año más.

Todo esto no es una crónica de presunciones etéreas: son hechos que salen de agendas, llamadas y declaraciones de altos cargos. Los señalados están imputados y sobre la mesa figuran investigaciones por mordidas y la creación, según la UCO, de una cloaca para perseguir a jueces y guardias que investigaban al entorno del presidente del Gobierno. Los ciudadanos deben exigir que la verdad se aclare y que, si hay culpables, la ley actúe con rigor: el patrimonio público no puede ser un botín ni el amparo político una garantía de impunidad.