Corrupción en Les Naus: la vergüenza que devuelve la confianza administrativa

El 15 de abril de 2026 permanece ya como una jornada de confesiones y señalamientos en la trama de las viviendas de protección pública de Les Naus en la Playa de San Juan de Alicante. No es una metáfora: un funcionario de la Consejería de Vivienda, responsable único de la tramitación y visado de los expedientes, llegó a disculparse ante su superior con palabras textuales que documenta el sumario: «Lo siento, la he cagado». Esos tres términos, crudos y confesionales, resumen la gravedad de lo que está en instrucción.

La causa investiga 140 expedientes en los que viviendas cotizadas acabaron en manos de funcionarios, cargos políticos y familiares vinculados al consistorio alicantino. No son conjeturas: la primera ronda de testigos ante la magistrada ha aportado nombres y hechos. Declararon el director territorial de Vivienda en Alicante, Juan Manuel Galbis; la jefa del Servicio Territorial, Concepción Morillas; y el secretario territorial adjunto, Vicente Caturla. Sus testimonios, según la acusación popular ejercida por Ciudadanos a través del letrado Emilio García Ontiveros, han sido —en sus palabras— "clarificadores" y han dejado al descubierto un sistema que permitió el fraude.

El funcionario sancionado —expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo, si bien ya reincorporado— era quien, por propia iniciativa, asumió la exclusiva responsabilidad de tramitar y visar las solicitudes en Les Naus. Su pareja, arquitecta municipal, figuraba entre las beneficiarias. El propio acusado aseguró que asumiría "toda la responsabilidad", según el relato presentado en sede judicial. ¿Quién vela por la imparcialidad cuando el gestor de expedientes se convierte en juez y parte?

Los testimonios apuntan a una normativa de vivienda pública permeable: "un coladero", en términos literales de la acusación, que deja espacio para que el promotor —y no la administración— determine quién accede efectivamente a las viviendas, sin controles efectivos que obliguen al cumplimiento de los requisitos. Los tres testigos han explicado además que no revisaban los expedientes porque contaban con el funcionario encargado, en quien depositaban su confianza por más de veinte años de servicio. Esa confianza institucional, ahora, se transforma en responsabilidad administrativa y en objeto de investigación penal.

Las consecuencias políticas ya se han cobrado dimisiones: la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, figura entre las beneficiarias y dejó su cargo; dimitieron también la directora general municipal, María Pérez-Hickman —cuyos dos hijos y un sobrino adquirieron VPP— y el que fuera jefe de gabinete de la Consejería de Industria y Turismo, Miguel Ángel Sánchez. La instrucción sigue: la próxima tanda de declaraciones está prevista para el 24 de abril, cuando comparecerán otros cinco funcionarios de la delegación territorial implicados en la revisión de los expedientes tras destaparse las irregularidades.

El relato procesal que aflora en Alicante plantea preguntas sencillas y exigentes: ¿cómo puede la administración garantizar la igualdad de acceso a una vivienda pública cuando la gestión queda concentrada en manos de un único funcionario? ¿Qué controles fallaron para que familiares y cargos públicos resultaran favorecidos? Y, sobre todo, ¿qué reparación exige la ciudadanía ante el descrédito de lo público?

No son preguntas retóricas; son llamadas a la responsabilidad institucional. Que un técnico confiese "haberla cagado" no exime a la administración de su deber de transparencia, control y sanción. La instrucción judicial avanzará y los hechos irán arrojando luz. Mientras tanto, la exposición pública de estas irregularidades obliga a una reflexión severa: restaurar la confianza exige más que palabras. Exige cambios en los procedimientos, controles claros y responsables que respondan ante los ciudadanos, no ante vínculos personales ni complacencias administrativas.