Convenio del calzado: negociación enrocada entre patronal y sindicatos

En Elche se está dirimiendo algo más que unas cláusulas: se está decidiendo hasta qué punto la industria del calzado va a poder sostener empleo y tejido productivo en las comarcas que históricamente la han hecho posible. Pero la mesa de negociación del nuevo convenio no cumple con esa tarea urgente. Después de varias reuniones, las posiciones siguen profundamente distanciadas y la negociación navega, por ahora, en la orilla de la confrontación mediática más que en la del acuerdo efectivo.

UGT y CCOO no disimulan su reproche: acusan a la patronal de dilatar y evadir la negociación. Para las centrales, lo que de verdad importa a las plantillas —salario y jornada— queda fuera de la discusión real. Lo que ofrecen las empresas, según los sindicatos, son solo tratamientos tangenciales: protocolos, adaptaciones normativas y algún permiso puntual que no incide en el bolsillo ni en la jornada laboral. "Eso no es negociar, es dilatar", advierten las organizaciones obreras con la voz clara que exige respuestas concretas.

La patronal, representada por Fice, reclama precisamente lo contrario: responsabilidad y realismo. En su diagnóstico figura una caída de actividad en muchas empresas, la presión de la competencia internacional y la dificultad para repercutir costes al mercado. No niegan la preocupación por el coste de la vida de las familias, pero insisten en que el sector atraviesa una situación compleja, una realidad que este diario ha venido constatando con ERE y concursos de acreedores en compañías relevantes.

Desde esa posición, la patronal pide rebajar exigencias y construir un convenio sostenible en el tiempo, que no sea llamativo sino viable para el conjunto del sector. Afirman proponer medidas para modernizar aspectos rígidos del convenio, y subrayan que cualquier esfuerzo económico que se asuma debe traducirse en poder adquisitivo real y no diluirse en costes indirectos o en medidas que encarezcan el marco laboral sin beneficio salarial efectivo.

La tensión nace del choque de prioridades: la representación empresarial quiere garantías de sostenibilidad y mantenimiento del empleo; las centrales exigen incrementos salariales y reducción de jornada como punto de partida. Los sindicatos ven en las propuestas empresariales una estrategia para fragmentar la negociación en bloques —centrando el debate en flexibilidad, incentivos o gestión de fijos discontinuos— y así postergar lo nuclear para las plantillas.

Ambas partes anuncian su deber: la patronal, buscar acuerdos posibles y equilibrados; los sindicatos, no entrar en juegos de bloques mientras no haya respuesta seria y global a su plataforma. El resultado más probable, a la vista de las posiciones actuales, es que el nuevo convenio aún se haga esperar, en un momento en el que la industria precisa, precisamente, acuerdos que preserven empleo, capacidad productiva y salario real.

El desafío es tangible y elemental: convertir la retórica en propuestas concretas. Si la negociación continúa encallada en reproches públicos y evasiones técnicas, el sector —sus empresas y sus trabajadores— será quien pague el precio de la inacción. España no puede permitirse que la incomunicación entre partes condene a una industria con raíces y capacidades a la deriva por falta de voluntad negociadora y sensatez estratégica.