Contactos inadmisibles: el vicepresidente de la SEPI admite vínculos oficiales tras la destitución del investigado

La imagen pública de una institución que gestiona fondos públicos no puede sostenerse sobre la sombra de decisiones opacas. Bartolomé Lora, vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), lo admitió con voz oficial en el Senado: mantuvo contactos y trató asuntos de la SEPI con Vicente Fernández pese a que éste ya había sido destituido.

Vicente Fernández fue apartado como presidente de la SEPI en octubre de 2019 por su imputación en el llamado 'caso Aznállcollar'. Aun así, según Lora, siguió participando en asuntos vinculados al grupo industrial del Gobierno. El propio Lora reconoció que Fernández estuvo presente en una reunión con Duro Felguera cuando esa empresa negociaba su rescate con la SEPI, dato que ya publicó este diario.

La explicación que ofreció Lora es de corte práctico: la participación del cesado, dijo, se justificó por su experiencia en un estudio previo relacionado con la compra de una filial de Duro Felguera que había trabajado la SEPI. Añadió que esas conversaciones fueron "fundamentalmente" sobre asuntos de la SEPI ligados a esa experiencia anterior.

No obstante, la mera presencia de un destituido e investigado en reuniones para un rescate con fondos públicos plantea, cuando menos, preguntas de forma y de fondo. Fuentes de la época confirman que Fernández mantenía influencia en asuntos de la institución porque era conocido que la entonces ministra de Hacienda no lo sustituyó y dejó a Lora en funciones a la espera de la evolución de su imputación.

Lora negó en todo momento haber conocido irregularidades en la trama investigada, vinculada por Anticorrupción a contratos y ayudas públicas en las que figura como socio de Leire Díez a Vicente Fernández. También afirmó desconocer las actividades privadas de Fernández tras su cese, incluida su supuesta vinculación con Servinabar.

En su comparecencia atendió preguntas de los senadores Eloy Suárez (PP), Paloma Gómez (Vox) y Mercedes Caballero (UPN). Admitió igualmente una reunión con Leire Díez en la época de la pandemia, dijo que fue para "actuaciones de prevención de que no hubiera contagios" y no aclaró qué responsabilidad tenía entonces Díez.

Como responsable en funciones de la SEPI, Lora recordó su papel en rescates emblemáticos de la pandemia, entre ellos Air Europa y Plus Ultra, y aseguró que ambos expedientes están "perfectamente instruidos". Sobre Air Europa negó reuniones con Koldo García y con el comisionista Víctor de Aldama en la fase de tramitación; sí admitió reuniones habituales con Javier Hidalgo, entonces consejero delegado, y comunicación con Pedro Saura, secretario de Estado del Ministerio de Transportes.

Lora afirmó no haber recibido notificación judicial de estar investigado. No descartó estudiar su dimisión en caso de imputación, pero dejó claro que evaluaría si existe "sustancia" antes de dar ese paso. Reconoció, además, que los documentos que le llegaban de sus subordinados sobre Plus Ultra estaban sin firmar y asumió la responsabilidad inherente a su cargo.

Queda, por tanto, un paisaje institucional con zonas de sombra: un expresidente destituido que siguió participando en reuniones relevantes; investigación por presuntos amaños vinculando a empresas favorecidas por la SEPI; y un vicepresidente que admite contactos y reuniones sin detectar, según él, irregularidades. La obligación de la Administración que maneja recursos públicos es la transparencia; la política, el control y la rendición de cuentas deben imponerse como guardas inflexibles del interés general.