Cinco negligencias, una tragedia: la trama de errores que rodea Adamuz
El informe de la Guardia Civil apunta al estado de la vía y cuestiona la prevención de Adif

Redacción · Más España


La Guardia Civil ha puesto el dedo en la llaga y ha entregado a la jueza un informe que no exculpa la realidad, sino que la revela: no hubo sabotaje, no hubo fallo humano de los maquinistas; hubo, en cambio, una cadena de fallos técnicos y organizativos centrada en la rotura del carril y en la supervisión de las soldaduras.
El documento, remitido el 28 de marzo, distingue con claridad las posibles causas técnicas —sin poder determinar aún si fue la rotura del riel la que provocó la de la soldadura o a la inversa— y enumera al menos cinco negligencias que ponen en tela de juicio el papel preventivo de Adif y sus empresas subsidiarias. No son dudas de laboratorio: son señales concretas que exigen respuesta y responsabilidad.
Primera negligencia: el SAM. El Sistema de Apoyo al Mantenimiento registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero que se mantuvo 22 horas. Esa caída (0,5V) quedó por encima del umbral mínimo que activa la alarma, y por ello no generó aviso alguno. La justificación oficial —que la señal no era fiable como indicador de fractura— no satisface a los investigadores, que plantean la cuestión esencial: ¿se omitió exigir que el SAM detectase fracturas, pese a constar en las especificaciones que debía hacerlo?
Segunda negligencia: ausencia de inspectores. La Guardia Civil subraya que la primera medida para mitigar el riesgo de soldaduras mal ejecutadas es la presencia de inspectores de soldaduras durante los trabajos. Adif no ha podido demostrar que esos inspectores estuvieran la noche del 24 de mayo de 2025, cuando se realizaron las soldaduras en el punto señalado. Según las declaraciones recabadas, no se encontraban presentes durante su ejecución; un extremo que ahora debe comprobarse.
Tercera negligencia: auscultación 'apta' sin pruebas verificables. Adif subcontrata la auscultación de vías a Redalsa, que el 4 de junio del año pasado dio por aptas todas las soldaduras del tramo. Pero al requerir los datos brutos, Redalsa afirma no disponer de registro digital porque supera su capacidad de almacenamiento. Resultado: una calificación de “apta” que carece de respaldo verificable y que agrava la opacidad sobre el estado real de la vía.
Cuarta negligencia: técnicos sin experiencia mínima. La Guardia Civil advierte que uno de los técnicos cuya cualificación avala la auscultación plantea dudas, y que ninguno de los dos operarios cumple el mínimo de experiencia requerido por la norma ISO 9712 para avalar la prueba de seguridad sobre la soldadura. Si la última capa de seguridad se sustenta en cualificaciones insuficientes, la confianza pública queda seriamente dañada.
Quinta negligencia: trazabilidad y certificados cambiados. La documentación sobre la soldadura clave presenta rectificaciones y contradicciones. El parte original del soldador de mayo de 2025 señalaba un método erróneo al unir materiales de distinta antigüedad; diez días después, un inspector corregía esa nota atribuyendo el error a una confusión de etiquetas. Posteriormente, otra corrección —esta vez hecha in situ por una persona que no es técnico en inspección de soldaduras— vuelve a tachar el dato. La Guardia Civil subraya la fluctuante trazabilidad documental en torno a la soldadura central del siniestro.
No puede olvidarse que el presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, compareció en el Congreso el 23 de marzo, casi una semana antes de que la Guardia Civil remitiese su informe. Las preguntas que el informe plantea sobre las alertas omitidas, la presencia de inspectores, la verificación de auscultaciones y la fiabilidad documental no son retóricas: exigen explicaciones precisas y responsabilidades.
La seriedad de la investigación reside en su contención probatoria: descartar hipótesis sin datos y señalar fallos donde los datos aparecen. Esa prudencia no exime a nadie de rendir cuentas. Cuando la seguridad de la infraestructura se apoya en sistemas supuestamente diseñados para detectar fracturas que, en la práctica, no alertan; cuando las inspecciones no son comprobables; cuando la trazabilidad de las soldaduras se escribe y se corrige sin claridad técnica: el riesgo deja de ser remoto y se transforma en tragedia.
La Guardia Civil ha entregado hechos a la jueza. Corresponde a las instituciones y a Adif dar explicaciones completas y transparentes sobre estas cinco negligencias, y a la sociedad exigir que la prevención no sea una palabra hueca sino un deber cumplido. No hay honor ni patriotismo en esconder fallos que cuestan vidas.
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