Choque ineludible: las 11 exigencias de Vox y el marco de Feijóo

Vox ha hecho público un listado de once medidas que pretende imponer —o negociar— al PP en las mesas autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Lo ha hecho en un vídeo breve, sintético, propio de la propaganda política: once enunciados, muchas proclamas y escaso aterrizaje técnico.

El primer choque es evidente y no es retórico: el documento marco del PP limita el pacto a lo que "legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración". Esa misma limitación convierte buena parte del catálogo de Abascal en un planteamiento de alcance simbólico más que operativo.

Pongamos ejemplos que no son invenciones, sino las mismas líneas que ambos bandos han puesto sobre la mesa. Vox exige "fin de Mercosur y del Pacto Verde" y lanza una "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030". Son demandas de dimensión europea o estatal; las comunidades autónomas tienen, en la práctica, un margen muy restringido para frenar o anular compromisos adoptados en Bruselas o por el Gobierno central.

El propio documento del PP recoge retórica cercana a Vox —defender al sector primario frente a la sobrerregulación, rechazar políticas climáticas que dañen empleo—, pero ahí acaba la convergencia: el "no a Mercosur" o el "fin del Pacto Verde" no encajan en el marco competencial que pretende imponer Génova.

Otro campo de fricción lo marca la inmigración. Tres de las consignas de Vox se enfocan en migración: "fin de las políticas de sustitución demográfica", "prioridad de los españoles en sanidad" y "seguridad en las calles". Son planteamientos que vertebran su propuesta política, pero la regulación de la política migratoria corresponde, principalmente, al Gobierno central. El PP, en su guía, se aproxima con un reproche a La Moncloa —la inmigración irregular "ha alcanzado niveles intolerables" y debe consultarse a las comunidades—; pero ese reproche es, de nuevo, más retórico que una garantía de competencias autonómicas para ejecutar transformaciones profundas.

Sí hay terreno útil para la negociación: medidas como situar a la familia en el centro de las políticas educativas y sociales, la prohibición del "adoctrinamiento" en las aulas o las políticas de vivienda accesible, reindustrialización y recortes fiscales tienen recorrido a nivel autonómico. Precisamente esos asuntos, donde PP y Vox comparten diagnósticos y recetas, fueron los que más se trabajaron en el encuentro en Extremadura, según los portavoces.

Vox, que asegura avanzar en un pacto extremeño pese a "zancadillas de Génova", dice que no exigirá el cumplimiento absoluto de sus once puntos sino que negociará. Traducido: habrá baraka de consignas grandilocuentes y ajustes tácticos donde sea posible. La pregunta que queda flotando es una y decisiva: ¿servirán de andamiaje real las proclamas que no pasan del ámbito discursivo, o se conformarán las partes con pactos restringidos a lo que permiten las competencias autonómicas?

No se trata de una pelea de palabras: es una cuestión de soberanía práctica. Un pacto serio exige coherencia entre lo que se promete y lo que se puede ejecutar. Cuando la política pretende ser bandera y no programa, la ciudadanía se queda con la brisa, no con el viento capaz de mover molinos.