Chivite, al filo: la presidenta que vio cómo sus socios salvaron las aulas que ella quería cerrar

La política, como la nave que corta la marea, exige tripulación leal y timón firme. María Chivite ha descubierto en las últimas horas que la proa de su gobierno navega sola: su intento de cerrar 14 aulas en colegios e ikastolas privadas fue rechazado en el Parlamento foral cuando sus socios nacionalistas no solo se abstuvieron, sino que facilitaron que UPN blindara la continuidad de la oferta educativa concertada.

No hay teatro en estos hechos: el plan del consejero Carlos Gimeno, que proponía recortar plazas para el curso 2026-2027 por la caída de la natalidad, naufragó en la votación. Las cifras que maneja el debate son irrebatibles: en el último curso se perdió la matrícula de 700 niños de tres años y la concertada había sufrido ya un recorte menor de aulas (20%) frente al 22% aplicado a la pública. Navarra mantiene, junto al País Vasco, una potente red concertada elegida por el 40% de las familias; para Geroa Bai y EH Bildu, y especialmente para las 15 ikastolas que solo utilizan el euskera, esas aulas son intocables.

La política de alianzas ha quedado al desnudo. Gimeno relató cómo Geroa Bai le llegó a exigir la continuidad de un aula en la ikastola de Estella para evitar la derrota parlamentaria, una petición que el propio consejero advirtió podría requerir un informe de la secretaría general técnica y rozar vías que generarían dudas jurídicas. No es lo mismo defender un modelo educativo que cambiar reglas de procedimiento para salvar un aula: la discrepancia entre socios ha rozado la ruptura.

Chivite se presenta ahora a una cita decisiva: el lunes intentará recuperar la confianza de Geroa Bai, de Podemos y de EH Bildu para agotar la legislatura. Lo hará con la mochila pesada de una investigación que la ha seguido desde junio de 2025: la UCO indaga la presunta participación de Santos Cerdán en una trama de corrupción en Navarra, y ese telón de fondo pesa sobre el liderazgo de la presidenta.

Que la presidenta cerrara las comparecencias de una comisión de investigación y que avalara con su "honestidad" la adjudicación en diciembre de 2023 a la UTE de Acciona y Servinabar del desdoblamiento de los túneles de Belate, por 76 millones, son hechos que conviven en la agenda política y que han contribuido al clima de desconfianza. En ese escenario, las peticiones de dimisión que han proferido líderes de UPN, PP y Vox no son meras réplicas ruidosas: son síntoma del desgaste de una presidencia acorralada.

El gesto de Chivite, intentando apaciguar al consejero Gimeno en el último pleno, es la imagen de una presidencia que busca recomponer un entramado de apoyos frágiles. La política exige, a veces, dar marcha atrás; otras, sostener decisiones impopulares si se cree que sirven al interés general. Lo que no admite es el vacío de confianza entre socios que, al primer choque, privilegian la defensa de centros concretos frente a la supervivencia del gobierno que los sustenta.

El lunes será la prueba de fuego: o se consigue un pacto de estabilidad con Geroa Bai, Podemos y EH Bildu, o la presidencia de Chivite seguirá oxidándose bajo la sombra de una investigación y el descrédito de una alianza que se resquebraja en el debate sobre la educación.