Cenicero de dudas: el escándalo de los ataúdes reclama verdad

El estruendo del paso de un hombre de sesenta años sobre el suelo de madera de la Audiencia Provincial de Valladolid no fue solo un gesto. Fue el sonido de la alarma civil: no sólo se discute un presunto fraude económico, sino la gestión de lo último que una familia puede exigir, la custodia respetuosa de los restos de sus seres queridos.

El juicio por el llamado “caso funeraria” comenzó el 2 de marzo y se presenta como un laboratorio de desolación administrativa. Sentados en el banquillo hay 23 trabajadores y responsables del Grupo El Salvador, la macroempresa funeraria que operaba siete tanatorios en la provincia y un cementerio en Santovenia. Son hechos que hablan por sí mismos: 5.973 personas señaladas como presuntas perjudicadas por la Fiscalía; una investigación que abarca veinte años de actividad; y una previsión de comparecencias —17 peritos y 239 testigos— que subraya la magnitud del expolio denunciado.

La acusación que destapó todo —la realizada por quien trabajó dos décadas en el crematorio y que documentó anomalías en 26 libretas— describe un sistema en el que, según las anotaciones y fotografías que aquel operario conservó, se habría procedido al intercambio de cuerpos de féretros caros por cajas baratas antes de la incineración, con el objetivo de volver a comercializar ataúdes lujosos. La Fiscalía valora ese supuesto método en 3,66 millones de euros y calcula más de 380.000 euros por la reutilización de adornos y coronas. El propio perímetro del negocio se ve en los precios: un féretro oscilaba entre 600 y 4.000 euros.

Pero los números y las libretas no anulan el impacto humano. El testimonio de Javier Muñoz resultó dramático y revelador: tras acompañar la despedida de su padre, Mariano, fallecido en 1997, recogió al día siguiente una urna con cenizas; sin embargo, durante la vista se le informó de que esa misma urna estaba aún custodiada por la funeraria y que nadie la había retirado. La conclusión del testigo —"me dieron otras cenizas, no las de mi padre"— cayó como una bomba en la sala. Esa contradicción no es un detalle procesal menor: coloca en el centro del debate la dignidad del difunto y la confianza rota de las familias.

Surgen preguntas incómodas que el procedimiento deberá resolver con pruebas y rigor: ¿eran decisiones de un solo empleado o parte de una cadena de órdenes? El fallecimiento de dos figuras centrales añade otra capa de complejidad: Ignacio Morchón, propietario, murió el 15 de octubre de 2022; y Justo Martín Garrido, el trabajador que denunció las prácticas, se suicidó el 29 de agosto de 2024 tras haber sido condenado por extorsión en 2018. Aquella sentencia reveló también tensiones internas: amenazas por parte del empleado, fotografías enviadas por WhatsApp y una denuncia con conformidad que culminó en una condena aceptada por el denunciado.

No es menor que el tribunal haya decidido, para organizar la instrucción, elegir "tres afectados por cada uno de los 20 años analizados" y que, pese a que la fiscalía pidió citar a cerca de 6.000 perjudicados, finalmente comparecerán sólo cientos de testigos y peritos. Ese criterio plantea un desafío: cómo restituir, o al menos esclarecer, la verdad para miles de familias con un proceso necesariamente limitado en tiempo y alcance, con sesiones previstas hasta junio.

Se trata de un caso que no permite complacencias retóricas ni atenuantes; exige transparencia, memoria y justicia. Las cifras provisionales —millones de euros imputados, miles de perjudicados, décadas de actividad— y las contradicciones que emergen en sede judicial hablan de un desorden intolerable cuando la materia en juego es la memoria y el último respeto a los difuntos. España merece respuestas claras: que la investigación aclare hasta el último detalle y que los tribunales, con la contundencia que piden los hechos, restablezcan la verdad para las familias que han sufrido esta presunta necroestafa.