Cataluña y la inmigración: la llamada que no debemos eludir

España necesita, y Cataluña exige, un debate sereno y valiente sobre la inmigración. No para alimentar miedos, sino para someter a examen la coherencia entre lo que entra en nuestro país, lo que somos capaces de integrar y el proyecto de nación que queremos hacia 2050.

Los hechos son tozudos: España ha sido, con diferencia, el país de la UE que más inmigración ha recibido en las últimas décadas. Entre 2000 y 2025 la proporción de población nacida en el extranjero pasó del 4% al 20%. En Cataluña la cifra es aún más elocuente: uno de cada cuatro habitantes ha nacido fuera de España. Magnitudes de este calibre exigen una reflexión rigurosa, no arengas ni silencios complacientes.

La regularización masiva que ha puesto en marcha el Gobierno es, en muchos aspectos, inevitable y necesaria. Mantener en la irregularidad a cientos de miles de personas que ya trabajan y viven aquí no tiene sentido. La normalización ofrece posibilidades de futuro para esas personas y beneficios fiscales y sociales tangibles al aflorar empleo y cotizaciones. Pero conviene no confundir el gesto con la solución: la regularización es la constatación de un sistema que ha fallado. Falló al facilitar entradas sin mecanismos de seguimiento; falló al tolerar la irregularidad como resultado previsible; falló al transformar el arraigo en un atajo masivo hacia la legalidad, tras años de precariedad.

Este diagnóstico obliga a preguntarse por la compatibilidad entre el modelo productivo y las políticas migratorias. Durante 25 años, el crecimiento español se sustentó en un modelo extensivo: más población y empleo, pero baja productividad y salarios estancados. La inmigración fue a la vez consecuencia y motor de ese modelo. Entre 2022 y 2024, casi la mitad de los nuevos puestos de trabajo fueron ocupados por inmigrantes. Sin embargo, los beneficios en renta per cápita han sido limitados y la sostenibilidad del Estado de bienestar queda en entredicho si no cambiamos el rumbo.

Hablar de orden y calidad en la inmigración no es pedir menos humanidad; es pedir eficacia. Significa coordinar flujos para que sean compatibles con nuestra capacidad de acogida e integración; revisar el mecanismo del arraigo para que no funcione como vía masiva de regularización ex post; ajustar la reagrupación familiar a una función humanitaria real sin convertirse en un canal indirecto de entrada; reforzar el control sobre la contratación irregular; y, al mismo tiempo, atraer talento cualificado eliminando trabas administrativas.

Las tensiones ya son visibles en la vida cotidiana. El mercado de la vivienda, con una oferta muy por debajo de la demanda, se ha convertido en un factor de exclusión que golpea primero a los hogares de menores recursos y ha terminado alcanzando a amplias capas de la clase media. Los servicios públicos —sanidad, educación y servicios sociales— operan bajo creciente presión: no porque la población inmigrante abuse de ellos, sino porque el aumento de la demanda no se acompasa con la oferta. En Cataluña, las infraestructuras y servicios no estaban dimensionados para los más de ocho millones de habitantes alcanzados en este primer cuarto de siglo.

Ahí, en esa brecha entre demanda y oferta, se enraízan con facilidad los discursos populistas. No combatirlos evitando las preguntas difíciles, sino respondiéndolas con políticas coherentes y con valentía, es la única vacuna eficaz. Poner el contador a cero sin cambiar las reglas del juego sería repetir el mismo error.

España y Cataluña necesitan, por tanto, una política migratoria integrada y proyectada: que combine orden con derechos, control con acogida, exigencia de cualificación con realismo demográfico. No es una alternativa meramente técnica; es una decisión sobre qué país queremos ser y cómo preservamos el Estado de bienestar. Evitar el debate por miedo a la polémica sería, al final, traicionar el interés general.