Castro Urdiales: la ciudad partida por un centro que impone el Gobierno regional

En la mañana de Castro Urdiales se ha visto algo que, por desgracia, se repite con demasiada frecuencia: la fractura de una plaza pública como espejo de decisiones que se toman desde la administración y que repercuten, de inmediato, en el tejido social.

A las 12:00 partió desde el parque Amestoy una marcha convocada por Castro por la Igualdad y respaldada por Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo. Más de 300 personas reclamaron un pueblo "solidario, democrático y humano" y exhibieron carteles que apelaban a la bienvenida y a la igualdad. En la pancarta de fondo, proclamas como "Bienvenidas & bienvenidos. El odio no cabe en Cantabria" o "La igualdad es el alma de la libertad" trascendieron la estética: eran la respuesta de una parte de la sociedad a la apertura por parte del Gobierno de Cantabria de un centro de acogida de menores extranjeros procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias.

Frente a esa manifestación, en la zona de la Casa Consistorial, se concentró la contramovilización convocada por Vox, con alrededor de un centenar de asistentes. Sus mensajes, directos y contundentes, mostraron rechazo: "No al centro de menas", "Recursos para Castro. No para centros impuestos" o el explícito "No es racismo, son estadísticas". El tono no se limitó a pancartas: proclamas como "ayudas sociales para los nacionales", "no los queremos" e incluso referencias a la prensa fueron entonadas por los concentrados.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado decidieron impedir que ambas marchas se encontraran y evitaran así un enfrentamiento directo. Aún así, la tensión salió a la luz. Desde la marcha a favor del centro se corearon consignas contra el fascismo que señalaron a quienes se oponían, mientras que en la zona del Ayuntamiento la Guardia Civil tuvo que intervenir cuando clientes de bares cercanos increparon a los manifestantes contrarios al centro de acogida.

No hay en los hechos posibles equidistancias mágicas: existe una decisión de la Administración regional —la apertura del centro de acogida— que ha provocado reacciones enfrentadas en la misma calle. También existen grupos organizados y concejales que han tomado posición pública. Y existe una Policía cuyo papel ha sido, de nuevo, el de contener, separar y prevenir el choque.

Si algo evidencian estas escenas es que las decisiones sobre políticas de migración y acogida locales no son abstractas. Inciden en barrios, en comercios, en vecinos que ven convocadas en la plaza sus angustias y sus convicciones. Y cuando la contestación se organiza en clave política —con convocatorias desde asociaciones y con la implicación de partidos como Vox—, la conflictividad deja de ser un debate técnico para convertirse en una pugna simbólica por la identidad del municipio.

Convocar, decidir y comunicar: ahí están, sobre la mesa, las responsabilidades. Que el Gobierno de Cantabria plantee medidas de reparto y acogida es un hecho; que parte de la ciudadanía las defienda con pancartas y otra parte las rechace con consignas también lo es. Corresponde a las instituciones gestionar no sólo los recursos materiales, sino también la convivencia, evitando que una política legítima se convierta en una guerra de trincheras en las calles de nuestras ciudades.