Campus en llamas: la universidad vasca como campo de batalla

La universidad, institución destinada al debate y a la formación, aparece hoy convertida en un tablero de confrontación. Estudiantes vinculados a Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) están utilizando sus correos corporativos para recabar apoyos en un manifiesto que señala a cuatro ex vicerrectores y a una cuarentena de profesores por haber denunciado comportamientos violentos en el campus de Vitoria.

No son meras palabras: junto a la campaña de envío masivo figura la movilización en la calle. Decenas de jóvenes participaron en la concentración convocada por GKS con motivo del acto de Vox del pasado 23 de febrero; la protesta se desarrolló a escasos metros de donde la Ertzaintza, con un amplio despliegue, encapsuló la convocatoria de VOX para garantizar su celebración. La tensión no es nueva: el mismo colectivo estuvo implicado en incidentes contra la Ertzaintza el 12 de octubre en la capital alavesa.

El manifiesto que circula acusa a los docentes de «autoritarismo y odio» y proclama que «el fascismo que niega los derechos de las mayorías tiene que estar fuera de la universidad». En su defensa, los estudiantes arguyen que buscan «acabar con la criminalización del movimiento estudiantil» y «apoyar el pensamiento crítico y los derechos políticos». Pero el hecho de que quienes reciben esos mensajes sean precisamente los profesores que les imparten clase añade un ingrediente de intimidación que no puede obviarse: algunos de los impulsores incluso anuncian su intención de «pasar por las oficinas» para recabar firmas en persona.

El origen inmediato del conflicto fue la decisión del rector Joxerramon Bengoetxea de cerrar las facultades y suspender las clases presenciales la jornada previa al acto de Vox, una medida que el rector explicó como un cordón universitario contra Vox y para minimizar posibles disturbios. Esa decisión provocó la reacción pública de los ex vicerrectores Iván Igartua, Antonio Rivera, Manoli Igartua y José Ramón Díaz de Durana, que manifestaron su profundo desacuerdo y denunciaron lo que calificaron de «profunda hipocresía» del rector: medidas extraordinarias frente a Vox y, según su denuncia, permisividad con la actuación de grupos ultranacionalistas en los centros.

El choque de percepciones está ahí: por un lado, colectivos que denuncian la presencia de «ideas fascistas» en la universidad y justifican su movilización; por otro, profesores que denuncian pintadas, carteles agresivos, lanzamiento de botes de humo en pasillos y la interrupción del normal desarrollo de las clases. En medio, la Ertzaintza y un campus partido por vallas y agentes antidisturbios.

La utilización de cuentas universitarias para difundir el manifiesto ha encendido alarmas. El sindicato UGT ha solicitado a la dirección de la Universidad vasca que bloquee el envío del manifiesto por los correos corporativos al considerar que vulnera los reglamentos internos y porque, según expone, su contenido «ha generado temor», sobre todo tras ataques recibidos en la sede del sindicato en Álava.

Los hechos relatados —las movilizaciones de febrero, los incidentes de octubre, la carta de los ex vicerrectores, la campaña de firmas desde correos institucionales y la petición de UGT— dibujan un campus en crisis. La universidad no puede convertirse en un escenario donde la movilización política justifique el señalamiento y la presión directa sobre docentes. Si la institución es el lugar del pensamiento crítico, es allí donde deben prevalecer las reglas, la seguridad y la garantía de que profesorado y alumnado puedan desarrollar su actividad sin coacciones ni amenazas.