Cambio de guardianes: Larry Devoe al frente de la Fiscalía venezolana

La Asamblea Nacional, con mayoría oficialista, formalizó lo que venía siendo efectivo desde febrero: Larry Devoe fue elegido fiscal general de Venezuela tras ejercer de encargado desde la dimisión de Tarek William Saab, quien ocupó el puesto desde 2017. No fue un gesto aislado: la decisión se encuadra en una serie de movimientos institucionales promovidos por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

La renuncia de Saab vino acompañada de la salida del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, y del desplazamiento provisional que ya había protagonizado Saab, que volvió a la Defensoría un puesto que ya había desempeñado entre 2014 y 2017. Hoy la Defensora del Pueblo es Egleé González Lobato, exconsultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Es decir, cambios en cadena dentro de los resortes jurídicos del Estado.

Devoe no llega como figura ajena: su trayectoria pública lo sitúa claramente dentro del campo gubernamental. Egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con másteres en derecho constitucional y en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho por universidades españolas, ha ocupado cargos en la Defensoría del Pueblo, en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y desde 2014 encabezó la secretaría ejecutiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Venezuela.

En los últimos meses su visibilidad creció por su participación en el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, creado por Delcy Rodríguez, y por su inclusión en la Comisión de Alto Nivel para la Liberación del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Fue asimismo parte de la delegación gubernamental en las negociaciones de Barbados que llevaron a acuerdos sobre garantías políticas para las elecciones de 2024, y formó parte de la delegación venezolana ante la Corte Internacional de Justicia en el conflicto por el Esequibo hasta la retirada ordenada por Maduro.

En foros internacionales, Devoe ha sido agente alterno y asesor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participó en 2016 en Ginebra en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ha rechazado la entrada de investigadores de la CIDH en Venezuela y ha sostenido en foros que el país "ha demostrado suficientemente que en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad", y que, por tanto, la Corte Penal Internacional no tiene competencia para conocer la situación de Venezuela.

Frente a quienes reclamaban la designación de autoridades independientes, la votación de la Asamblea se produjo con los mismos parlamentos y actores que han impulsado la nueva Ley de Amnistía y otras iniciativas presentadas por el Ejecutivo como parte de un "nuevo momento político", en palabras del propio gobierno. Diputados opositores como Henrique Capriles instaron antes de la votación a que la Fiscalía y la Defensoría fueran ocupadas por personas sin militancia política y comprometidas con la defensa de la Constitución, una petición que choca con el perfil y la trayectoria pública del nuevo fiscal.

Los hechos hablan por sí mismos: la elección de Devoe completa un retrato institucional en movimiento, con nombramientos y legislaciones que se suceden tras el episodio internacional que marcó al país y con protagonistas que han formado parte de las mesas de diálogo, de comisiones estratégicas y de la representación internacional del Estado. Es la consolidación, por vía institucional, de un relevo que el propio Ejecutivo ha querido dirigir y certificar.

Queda en el aire la pregunta que la sociedad y la comunidad internacional repiten: ¿garantizarán estos nombramientos la independencia efectiva de los órganos que deberían velar por las libertades y la legalidad, o reforzarán la sintonía entre Fiscalía, Defensoría y Ejecutivo que ya se percibe en la sucesión de cargos y funciones? Los actos, hasta ahora, ofrecen la respuesta.