Bukele impulsa la perpetua tras blindar el Parlamento: la Asamblea aprueba sin debate

La Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó en sesión plenaria una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele para permitir la cadena perpetua a "homicidas, violadores y terroristas".

La iniciativa fue aprobada por 54 diputados de Nuevas Ideas, los tres aliados del oficialismo y dos de la oposición, de los 60 escaños. Solo hubo un voto en contra: la diputada Claudia Ortiz, de Vamos. La reforma se aprobó sin estudio ni debate previo y deberá ser ratificada en otra sesión plenaria para entrar en vigor y modificar el texto constitucional.

El nuevo inciso segundo del artículo 27 especifica: "Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas". Hasta ahora, la jurisprudencia salvadoreña establecía un máximo de 60 años de encarcelamiento.

El anuncio y el empuje de la medida llegan justo después de la divulgación de un informe elaborado por expertos en derecho que acusa al gobierno de Bukele de cometer crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción. Ese régimen, piedra angular de la política de seguridad del mandatario, lleva en vigor ya cuatro años y es celebrado por sus éxitos en la reducción de homicidios, pero también señalado por su coste en derechos y garantías.

Según las cifras oficiales citadas, las medidas de seguridad bajo ese régimen llevaron a la detención de más de 85.000 personas hasta marzo de 2025; organizaciones locales y entidades internacionales denuncian que muchos fueron procesados en juicios masivos sin respetar el debido proceso.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la propuesta ante la Asamblea y en su intervención atacó a las organizaciones que habían puesto el foco en los derechos de las víctimas y en las denuncias internacionales. "Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible", dijo, según la crónica.

Tras la aprobación, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, afirmó que la reforma es "la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles".

La Asamblea también debe aprobar ajustes al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras normas para homologarlas con la nueva redacción constitucional. En enero de 2025, la misma Asamblea ratificó otra reforma polémica que permite cambios exprés a la Constitución dentro de la misma legislatura, antes requeridos de dos legislaturas diferentes.

Significativamente, por primera vez el partido opositor Arena sumó votos a una iniciativa de este tipo. El proceso avanza con la rapidez de quien no desea debate público ni escrutinio: aprobación en pleno, sin discusión, y la necesidad de una ratificación posterior para consumar el cambio jurídico.

Los hechos son claros: una reforma que endurece las penas y un Parlamento alineado que la aprueba sin deliberación, a la vez que persisten acusaciones internacionales de graves violaciones durante un régimen de excepción que ha encarcelado masivamente a decenas de miles. El país queda caminando entre la promesa de orden y la sombra de las denuncias por derechos, con un marco constitucional que ahora apunta a perpetuar castigos más allá de la práctica histórica del sistema penal salvadoreño.