Bruselas advierte y España calla: la regularización sin comunicación que pone en jaque a la UE

La comunicación es la primera regla del juego en una Unión sin fronteras interiores. El comisario de Interior e Inmigración, Magnus Brunner, lo deja claro y por escrito: "La Comisión no ha recibido ninguna comunicación oficial de España" sobre la medida anunciada el 27 de enero de 2026 para regularizar a nacionales de terceros países en situación irregular. No es un matiz burocrático; es el síntoma de una gestión que, desde Bruselas, se observa con legítima alarma.

Brunner recuerda lo obvio y lo imprescindible: las decisiones nacionales en materia de regularización pueden tener repercusiones en otros Estados miembros y, por ende, en la Unión en su conjunto. En un espacio compartido, nada queda aislado. Un permiso de residencia otorgado por España autoriza a vivir y trabajar aquí, no a desplazarse libremente por toda la UE; y si ese titular es localizado en situación irregular en otro Estado o solicita asilo fuera de España, deberá regresar al país que expidió el permiso. La norma no es capricho; es el marco que rige la cooperación entre Estados.

La Comisión añade otra pieza importante del rompecabezas: corresponde a las autoridades nacionales asegurar que, si alguien regularizado en España incurre en irregularidad en otro Estado o pide asilo fuera de España, se proceda a su devolución al país emisor del permiso. Y el coste de esos retornos "se debe tratar entre los países". Traducido a lengua cotidiana: España es, en última instancia, la responsable de las consecuencias que se deriven de su decisión y deberá negociar tanto la operativa como el coste con los socios afectados.

Desde el Gobierno se ha confirmado que la regularización solo concede permiso de trabajo en España. Punto. Pero esa confirmación no responde a las inquietudes que Bruselas formula con tono institucional: ¿cómo se va a garantizar el control sobre desplazamientos fuera del territorio nacional? ¿cómo se negocia y asume el costo de eventuales retornos con otros Estados? La respuesta política exigida por la Unión no ha llegado en forma de comunicación oficial.

Y aún más: la ministra de Sanidad, Mónica García, respondió en el Senado que la regularización "no tiene ningún impacto" en el sistema sanitario porque esta población "ya tiene asegurada la asistencia sanitaria" desde la Ley General de Sanidad de 1986, apostillando que los que critican "no conocen la legislación". Es una defensa legalista sobre la cobertura sanitaria; pero ni la ministra ni el Ejecutivo han explicado ante Bruselas el alcance operativo y comunitario de la medida, ni han detallado los mecanismos de cooperación leal que exige el marco europeo.

España no puede permitirse improvisaciones comunicativas cuando actúa en un terreno comunitario. Advertencias como la de Brunner no son papel mojado: son recordatorios de obligaciones y de responsabilidades compartidas. La soberanía no es un cheque en blanco para obviar la coordinación en un proyecto político en común. Si la regularización se va a ejecutar este mes, como ha anunciado el Gobierno, corresponde a Moncloa cumplir con las reglas de la Unión: comunicar, cooperar y asumir las consecuencias.