Bloqueo y cálculo: la Sala del Supremo en jaque por cuotas y plazos

La deriva no es improvisada: es estrategia. En el Consejo General del Poder Judicial se libra desde hace meses una batalla soterrada que ha conducido al bloqueo total de una plaza en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el tribunal que investiga y juzga a altos cargos del Estado. La vacante, del turno de jurista tras la jubilación de Miguel Colmenero, permanece sin cubrir mientras la arena política cuenta los días y las jubilaciones próximas.

Los vocales designados a propuesta del Partido Popular han decidido aguardar un pacto global que incluya las otras tres plazas que se anunciarán con las jubilaciones de Andrés Palomo, Ángel Hurtado y Juan Ramón Berdugo. Es un cálculo frío: if se suman plazas, se negocia con más palancas; si se nombra ahora, se pierde la oportunidad de reconfigurar la Sala Segunda de una sola tacada. Fuentes del propio órgano señalan que, si hubiera acuerdo, los nombramientos se postergarían "después de verano", tras la jubilación de Berdugo en septiembre.

No es asunto menor. La Sala de lo Penal, presidida por Andrés Martínez Arrieta y compuesta por 15 magistrados, ha tomado decisiones que han marcado la agenda política y forzado reacciones del Ejecutivo: desde la condena del ya ex fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados hasta el requerimiento para investigar pagos en efectivo en la sede de Ferraz o la petición de indagar presuntas comisiones por amaños en obra pública desde el Ministerio de Transportes. Es también la Sala que decidió no aplicar la Ley de Amnistía al delito de malversación del 1-O y que se opuso a indultos a los líderes del procés. Toda designación en ese banco importa.

El Gobierno empuja la candidatura de la catedrática Silvina Bacigalupo, hasta ahora rechazadísima por los vocales conservadores. Bacigalupo forma parte del comité de sabios que creó Pedro Sánchez en 2015 y su proximidad política ha encendido recelos. Desde el Ejecutivo se percibe, según fuentes consultadas, una «falta de magistrados progresistas» en la Sala Segunda: una percepción que explica la presión en favor de determinados nombres y la tensión con los vocales del PP.

Hay además otro movimiento que alimenta la controversia: el Ministerio de Justicia incluyó en el decreto de las 500 nuevas plazas judiciales una ampliación de la plantilla de la Sala Penal, mientras ignoró dos plazas solicitadas para la Sala de lo Social. En la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ese hecho ha generado recelos y ha sido interpretado por fuentes consultadas como un intento de forzar un vuelco ideológico en la Sala de los aforados. El propio Supremo dejó constancia de que, a su juicio, resulta "mucho más apremiante" reforzar la Sala de lo Social.

La consecuencia práctica es un estancamiento. La Comisión de Calificación del CGPJ dejó a 12 de los 14 peticionarios en la terna para la plaza de Colmenero; aspiran a ella juristas, catedráticos, magistrados y fiscales —nombres como Bacigalupo, Mar Carrasco, Alicia Gil o Luis Uriarte figuran entre los aspirantes— y, sin embargo, la terna no se resuelve. Y cuando la política interviene con fuerza en estas designaciones, la sospecha pública aumenta: cualquier nombramiento en la Sala Penal no es sólo técnico, es estratégico.

El país observa. No hay que dramatizar ni maquillar: hay un choque de fórmulas. Unos apuestan por pactos amplios y coordinados; otros demandan cubrir vacantes sin dilaciones. Lo cierto es que la Sala que juzga a aforados permanece vulnerable a las maniobras de calendario y a los cálculos partidistas. Y mientras tanto, los casos que han sacudido a la vida pública —desde la instrucción sobre Ferraz hasta los juicios que se abren el próximo abril— siguen exigiendo una Sala Segunda con capacidad y legitimidad para decidir sin sombras.