Bildu bloquea una condena clara al terrorismo en Navarra: una anomalía democrática

En la Cámara foral se ha vivido un episodio que hiela la conciencia cívica: una declaración institucional destinada a conmemorar el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo y a reiterar la condena del terrorismo fue rechazada en la primera votación por la abstención de EH Bildu.

No cabe disfrazar lo ocurrido con eufemismos. El documento, presentado por el PSN y varios grupos regionalistas, condena los asesinatos de ETA y la violencia practicada por esa organización, así como la de otros grupos yihadistas. Al mismo tiempo, subraya que tales acciones, sumadas a las de extremos ideológicos, supusieron una «violación máxima de los derechos humanos» y una amenaza a la democracia.

La abstención de los representantes de la formación liderada por Arnaldo Otegi rompió la unanimidad que habitualmente acompaña a iniciativas de reconocimiento a las víctimas. Fue necesario que la Mesa del Parlamento interviniera —donde no se requiere unanimidad— para que la declaración pudiera prevalecer. Hecho administrativo, sí; pero también hecho político que interpela a la sociedad.

El texto reproduce consignas de asociaciones de víctimas como Covite o AVT y reclama justicia, reparación y garantías para que no se repita el pasado. Con acierto, recalca la necesidad de conocer la historia en colegios y hogares, y celebra el proyecto de Ley de Víctimas del Terrorismo en Navarra.

No son datos baladíes. En el entorno vasco siguen produciéndose homenajes y actos que escenifican una memoria enfrentada: ongi etorris a presos relacionados con ETA, pintadas en sedes políticas y la profanación de placas conmemorativas. Ejemplos citados en la información incluyen la vandalización de un mural con la consigna «Gora ETA» y ataques a sedes del PP y a placas de Durango.

Que la propia Cámara tenga que recurrir a la Mesa para asegurar la aprobación de un texto que condena el terrorismo y defiende la memoria no es solo una anécdota parlamentaria: es una advertencia. La convivencia democrática exige claridad moral y acuerdos mínimos sobre lo intolerable: la violencia, el asesinato y la vulneración de derechos humanos. Cuando esos mínimos se ponen en cuestión, la democracia se empobrece y las víctimas se revictimizan.

Navarra, su Parlamento y sus instituciones tienen la obligación de ejercer responsabilidad histórica: apoyar normas que reconozcan a las víctimas, impulsar la ley de víctimas y enseñar el pasado para no repetirlo. La prudencia democrática exige menos equidistancias que puedan interpretarse como tibieza ante el terrorismo y más firmeza en la defensa de la memoria y la justicia.