Benidorm planta cara: información y reproche al Gobierno por la regularización

Benidorm ha decidido no abandonar a quienes puedan acogerse al proceso de regularización extraordinaria aprobado por el Gobierno de España. El Ayuntamiento ha programado sesiones informativas para orientar a las personas migrantes sobre la documentación necesaria, dónde obtenerla y los trámites a efectuar. El personal municipal del área de Bienestar Social será quien traslade esa información.

La concejal responsable, Ángela Zaragozí, ha detallado el calendario: las charlas se desarrollarán en el Salón de Actos del Ayuntamiento desde el martes 21 al viernes 24 en horario de 09.00 a 11.00 horas. Además, habrá sesiones vespertinas el martes 21 y el jueves 23, de 17.00 a 19.00 horas, en el centro social José Llorca Linares. La programación se ampliará la semana siguiente con nuevas convocatorias dirigidas a la ciudadanía.

Pero la acción informativa va acompañada de un reproche político explícito. El equipo de gobierno local elevará al próximo pleno una moción de "rechazo a la política migratoria del Gobierno de España" y reprobación de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez "por no hacer uso óptimo de los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales, a pesar de tratarse de competencias propias de la Administración General del Estado".

La responsable de Bienestar Social ha subrayado la paradoja: "como Ayuntamiento vamos a atender a la ciudadanía y a facilitarles toda la información y trámites, aunque se nos haya utilizado sin más en este proceso por quien tiene los recursos y la responsabilidad". Y advirtió sobre el perjuicio: la ausencia de medios por parte del Gobierno "va en detrimento del servicio que se presta a los propios ciudadanos".

La moción que se someterá a votación insta al Gobierno a "retirar el Real Decreto de regularización masiva" por entender que carece de mecanismos de control, vulnera principios europeos en materia migratoria y contraviene objetivos del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Asimismo exige que cualquier modificación en materia de extranjería se tramite como proyecto o proposición de ley en el Congreso, garantizando debate parlamentario, seguridad jurídica y participación de los grupos políticos.

Por último, el acuerdo pide que cualquier proceso de regularización sea "individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, un procedimiento transparente, criterios claros y definidos", así como la "habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto, tanto en los procedimientos de tramitación como en el consiguiente desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral".

Es la doble vía: de un lado, la respuesta inmediata y práctica del municipio para informar y tramitar; de otro, la crítica política que sitúa la responsabilidad en el Ejecutivo central y reclama cauces parlamentarios, control y recursos. Benidorm ejerce así su deber público y su derecho a exigir claridad y medios, sin renunciar a confrontar la gestión que considera deficiente.