Benidorm exhibe cuentas saneadas y prepara otro bono consumo para 2026

Benidorm ha cerrado el ejercicio 2025 con una fotografía contable que quiere proyectar serenidad y control: 43.307.269,34 euros de remanente de Tesorería para gastos generales, más 8.183.621,48 euros estimados como saldos de dudoso cobro y otros 26.487.073,63 euros afectados por inversiones en curso. El cómputo arroja un remanente total que ronda los 78 millones de euros, según ha expuesto el alcalde Toni Pérez en la rendición de cuentas a los grupos de la Corporación.

Esa cifra, fría en columnas y partidas, se presenta como emblema de una gestión que, en boca del primer edil, "está saneada y cumple todos los parámetros que la ley establece". Y añade una promesa que a muchos resulta familiar y tranquilizadora: capacidad para atender gastos sin subir impuestos ni tasas municipales, compromiso reiterado con la ciudadanía.

No es un brindis al aire. El Ayuntamiento acomete ahora la tramitación del presupuesto de 2026, documento que, según Pérez, quedará "perfectamente equilibrado" y apenas variará respecto al borrador de diciembre. Es la letra pequeña de la continuidad: gestión estable, cumplimiento normativo y atención a "las necesidades de la ciudad".

Pero la realidad contable tiene un apellido incómodo: la sentencia firme sobre el APR7 de Serra Gelada, que obliga a imputar 348.659.377,85 euros en la liquidación de 2025. Ese hecho procesal ha provocado, por una "causa muy extraordinaria y coyuntural", el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto en 2025, tal y como recoge el informe del área de Intervención. No es una cuestión de política cotidiana: es el impacto de una resolución judicial de gran calado.

Frente a ese golpe, los técnicos han diseñado —y han de formular— un plan económico‑financiero para el año en curso y el siguiente, que, según el propio informe, "tendrá un carácter meramente formal, sin necesidad de adoptar medidas restrictivas en materia de gastos ni de ingresos", porque el origen del desajuste no es estructural sino derivado de la citada sentencia y del acuerdo extrajudicial homologado el 18 de marzo de 2026.

Es preciso subrayarlo: la cuantía de más de 348,6 millones "irá disminuyendo paulatinamente" conforme se vayan haciendo efectivas las previsiones del acuerdo extrajudicial entre el Ayuntamiento y la parte demandante. El gobierno local lo califica de coyuntural y puntual; la realidad obliga a vigilias técnicas y a explicar con veracidad cada paso al ciudadano.

En paralelo a esta gestión financiera de excepción, el Ayuntamiento anuncia la voluntad de repetir el bono consumo #BenidormTeDaMás entre el 15 y el 31 de diciembre de 2026. Pérez defiende el proyecto como una doble inyección: alivio directo para las familias y oxígeno para el tejido comercial local. Es la política pública que pretende combinar soporte social y dinamización económica en la temporada clave.

No faltaron las réplicas al discurso opositor. El alcalde respondió a las críticas del grupo socialista sobre adjudicaciones y contratos menores, defendiendo la transparencia y la fiscalización de su equipo desde 2015 y apuntando al pasado como responsable de prácticas cuestionables. "Aquí ha habido siempre absoluta transparencia y legalidad", afirmó, reclamando que las acusaciones vayan acompañadas de datos y sentencias cuando proceda.

Así se cierra la comparecencia: cuentas, sombras judiciales y una apuesta por reactivar el consumo local. La administración local exhibe solvencia operativa y ofrece un relato de gestión que conjuga contención fiscal, respuesta a una sentencia extraordinaria y estímulo al comercio. Queda, sin embargo, la necesidad de que el plan económico‑financiero y la ejecución del acuerdo extrajudicial se traduzcan en hechos que verifiquen la narrativa: transparencia, garantía del interés público y suficiencia para que la ciudad siga atendiendo sus obligaciones sin cargar a los vecinos.