Basta ya: el Estado debe responder con firmeza al narcotráfico en el Estrecho

Dos hombres —Germán, de 56 años, y Jerónimo, de 50— cayeron en acto de servicio persiguiendo una narcolancha en las costas de Huelva. No fue una fatalidad aislada, dice el PP; fue la gota que colma el vaso de la precariedad de medios y recursos de nuestras fuerzas de seguridad frente al crimen organizado.

Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha llevado ese dolor a la arena pública con un plan de acción urgente para el Estrecho de Gibraltar, articulado sobre siete medidas extraídas de propuestas de sindicatos profesionales y expertos en seguridad. No son eslóganes: son respuestas tácticas que atañen a la seguridad y a la dignidad del Estado.

La primera medida propuesta es la restitución del Océano Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil especializada en el Estrecho que fue desmantelada por el Gobierno actual, pese a que, según Sémper, funcionaba. La segunda, dotar al servicio marítimo de armas no letales para neutralizar e inutilizar narcolanchas: una recalibración operativa para salvar vidas y detener el avance de las organizaciones criminales.

En tercer lugar, el PP plantea reforzar el marco penal para que los delitos del crimen organizado en el Estrecho sean juzgados en la Audiencia Nacional y no en juzgados locales, donde, según denuncia el partido, los criminales amenazan a jueces y familias. Esa reforma, aprobada como proposición de ley en el Senado, permanece "69 semanas congelada en el Congreso", según Sémper; es una garantía básica del Estado de Derecho que no puede esperar.

La cuarta medida es blindar la protección jurídica y personal de los funcionarios de prisiones, cada vez más expuestos a las amenazas dentro de los centros penitenciarios. La quinta, una reforma del Código Penal para endurecer las penas. La sexta, declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz zona de especial singularidad operativa, con refuerzo de unidades y tecnología de vigilancia marítima y aérea y recursos proporcionales al desafío. Y la séptima: otorgar a los guardias civiles la consideración de profesión de riesgo.

Sémper ha anunciado además que el PP pedirá la comparecencia del ministro Fernando Grande-Marlaska, y ha afeado al presidente Pedro Sánchez por no acudir al funeral de los dos guardias civiles. El portavoz sostiene que estas medidas no responden a motivos ideológicos sino a obligaciones de Estado: "Defender a la Guardia Civil es defender la libertad, la seguridad y la convivencia" frente a la precariedad que denuncian los servidores públicos.

En el mismo acto, al ser preguntado por la operativa de desembarco del MV Hondius, Sémper bajó el tono pero mantuvo la crítica a la "descoordinación" y a los mensajes contradictorios entre administraciones y ministras, y consideró razonable que el presidente de Canarias exija información y coordinación. Con firmeza y sin estridencias, reclamó coordinación eficaz: la descoordinación genera incertidumbre.

Este es el cuadro de urgencia que plantea el PP: dos vidas perdidas en servicio, propuestas concretas sobre la mesa y la exigencia de que el Estado actúe con decisión y cohesión institucional. No se trata solo de afanes partidistas; se trata de restituir los instrumentos y las garantías que permitan a España afrontar, con medios y ley, a quienes desafían su seguridad en el Estrecho.