Azcón: historia y poder en la Aljafería

La escena fue casi teatral: un “Un abrazo a Lorena” que tiñó de familiaridad un Parlamento donde ya todo estaba escrito. No es menor la anécdota: minutos antes de la votación, la solemnidad convivió con la cercanía. Pero la política —esa fábrica de certezas y acuerdos— se había cerrado el 22 de abril, cuando se conocieron los 13 epígrafes y las 117 medidas que formalizan el acuerdo entre el Partido Popular y Vox.

Jorge Azcón fue investido por 39 de los 67 diputados del Parlamento autonómico. Una diputada no votó por motivos de salud. Son datos que hablan por sí solos: la votación confirmó lo anunciado, sin giros inesperados, y consagró algo que no se había dado hasta ahora en la historia reciente de Aragón: un dirigente del PP que repite mandato al frente del Gobierno autonómico.

El propio investido dejó una declaración que no debe perderse de vista: “La prioridad absoluta será la democracia”. Palabras que reclaman vigilancia y exigencia: la democracia no es una consigna declamada, es un ejercicio cotidiano que exige transparencia de acuerdos, lealtad institucional y responsabilidad ante la ciudadanía.

No faltaron los momentos de confrontación y réplica en el hemiciclo. Azcón respondió a portavoces y mantuvo interlocuciones con representantes de otras formaciones; se cita expresamente la réplica al portavoz Tomás Guitarte, de Aragón-Teruel Existe. Es la evidencia de una Cámara plural donde los consensos se negocian, y en la que la nueva mayoría parlamentaria deberá justificar ante los aragoneses cada una de las medidas pactadas.

Hechos concretos, por tanto: un acuerdo firmado, una investidura con respaldo mayoritario y la novedad histórica para el PP maño. No hay ornamentos que sustituyan esa realidad. Lo que viene ahora, más allá de los titulares, será la ejecución del acuerdo y la comprobación, por parte de los ciudadanos, de si las promesas y las 117 medidas responden efectivamente al interés general de Aragón.

Que la prioridad proclamada sea la democracia obliga a todos: al Gobierno que inicia su mandato y a la oposición que fiscaliza. No hay atajos retóricos que valgan cuando los expedientes se tramitan, los presupuestos se discuten y las políticas públicas impactan en la vida cotidiana. La investidura ha cerrado una etapa y abre otra: la de la responsabilidad política y del juicio severo de la sociedad aragonesa.