Arranque masivo y polémico de la regularización: 33.100 trámites en un día

El proceso puso motor en su primer día y sorprendió por volumen: 33.133 personas iniciaron el trámite de la regularización extraordinaria el 16 de abril, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Trece mil quinientas solicitudes telemáticas y 19.633 citas previas para atención presencial dibujan un arranque intenso que el gabinete de Elma Saiz calificó de "con éxito" y de "normalidad".

La puesta en marcha no es solo estadística; es calendario y procedimientos. La atención presencial podrá materializarse a partir del 20 de abril y el plazo formal para presentar solicitudes se extiende hasta el 30 de junio. El cauce telemático, por su parte, se ha movido con certificado digital, mayoritariamente presentado por profesionales habilitados: abogados, graduados sociales y gestores administrativos, junto a solicitudes individuales y tramitadas por entidades del tercer sector inscritas en el RECEX.

La dimensión humana y administrativa de la operación se acompasa con exigencias claras: acceso a la regularización para mayores de edad que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y acrediten, al menos, cinco meses de estancia continuada. Hay condiciones que van desde acreditar una oferta de empleo, demostrar vínculos familiares con personas dependientes, hasta justificar vulnerabilidad con informes sociales. También pesan requisitos de identificación y la ausencia de antecedentes penales, certificado que puede obtenerse vía diplomática si hiciera falta.

No es un proceso carente de fricción. Sumar ha denunciado discriminación de los saharauis y reclama una vía legislativa para reconocer su nacionalidad; Podemos ha censurado concesiones derivadas del informe del Consejo de Estado y la obligación de certificar antecedentes penales; la oposición se ha movilizado en bloque: el PP con mociones y recursos autonómicos y Vox con un recurso ante el Tribunal Supremo. La regularización, por tanto, arranca en un escenario político bajo fuego cruzado.

En lo técnico, el Ejecutivo estima un alcance inicial de unas 500.000 personas, si bien estudios como el de Fundas elevan la cifra potencial hasta alrededor de 870.000. A la vez, el proceso prevé informes policiales para valorar riesgos para el orden público; la existencia de antecedentes policiales no implica, dice el Ministerio, una exclusión automática, pero sí añade capas procedimentales que pueden alargar plazos.

El dato incontestable del primer día obliga a una lectura pragmática: la demanda existe y se ha traducido en trámites masivos; la capacidad administrativa tendrá que responder en términos de eficacia y rapidez; y la controversia política exigirá, por un lado, firmeza en la aplicación de requisitos legales y, por otro, sensibilidad para evitar dislocaciones sociales. Ni el éxito estadístico ni las críticas partidistas borran que esta regularización es ya un hecho operativo que medirá, en las próximas semanas, la capacidad del Estado para administrar una transición compleja.