Aragón se declara perjudicado y exige luz en la trama Forestalia

El Gobierno de Aragón ha decidido personarse como parte perjudicada en el caso Forestalia. Una decisión formal, tramitada por sus servicios jurídicos ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que persigue un objetivo elemental: tener acceso a toda la documentación que obra en la investigación y poder, llegado el caso, emprender las acciones civiles o penales que procedan.

No es un gesto ritual. La Guardia Civil investiga la presunta aprobación irregular, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), de Declaraciones de Impacto Ambiental ligadas a proyectos impulsados por Forestalia. Es, en palabras oficiales del Gobierno aragonés, una investigación con indicios que deben ser tomados en serio y que merecen toda la credibilidad que reclama la sociedad.

La vicepresidenta regional, Mar Vaquero, ha calificado las acusaciones de "muy graves y preocupantes" y ha dejado constancia de que, por el momento, el Ejecutivo no solicitará la paralización de los grandes proyectos asociados a la compañía: el centro de datos "Búfalo", valorado en la información pública en 12.000 millones de euros, o el clúster del Maestrazgo, que sería —si se llegara a construir— el mayor parque eólico de España.

Vaquero ha subrayado además que ningún representante del Gobierno de Aragón se ha puesto en contacto con Forestalia en los últimos días para tratar esta cuestión y ha situado al actual Ejecutivo como una "víctima" en este proceso, al tiempo que afirmó que el proceso, según su lectura, salpica exclusivamente al Gobierno de Pedro Sánchez y al anterior Gobierno socialista de Aragón.

En la instrucción aparecen, por ahora, como implicadas varias personas: el presidente y fundador de Forestalia, Fernando Samper; el ex alto cargo del Miteco Eugenio Domínguez; su esposa; un notario y dos supuestos testaferros. Todos ellos fueron detenidos de forma temporal en las inspecciones que la UCO practicó en Zaragoza y Madrid hace semanas.

Frente a las sospechas y las detenciones, el Gobierno de Aragón descarta el desmantelamiento del INAGA y reivindica el "cambio de modelo" impulsado sobre ese organismo, orientado —según sus palabras— a dotarlo de mayor rigor, control, transparencia y seguridad jurídica.

Quedan abiertas muchas preguntas y una necesidad básica: que la investigación prospere con transparencia y que la documentación a la que ahora se pretende acceder arroje luz sobre los hechos. La ciudadanía exige respuestas; las instituciones, actuando dentro del cauce judicial, deben facilitarlas.