Alicia García exige cuentas: el fallo no fue un accidente sino un sistema

El Partido Popular ha puesto en marcha en el Senado una maquinaria de investigación de gran calado: una comisión que, según su plan de trabajo, pretende evaluar el estado de la Red Ferroviaria de España y determinar responsabilidades políticas por el progresivo deterioro de un patrimonio público que hace años fue orgullo nacional.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, ha dejado claro que la intención es no limitarse a las cuestiones técnicas —que corresponden a la CIAF— sino explorar la gestión, las inversiones, el mantenimiento y los contratos que han afectado a la larga distancia, la Alta Velocidad, la media distancia, Cercanías y Rodalíes. Para ello la comisión, cuya actividad se prolongará durante un año y se dividirá en tres fases, solicitará un ingente volumen de documentación: informes de obras, comunicaciones del día de la tragedia y de los días anteriores y posteriores, diligencias de la Fiscalía Europea sobre fondos, informes sobre contratos presuntamente amañados y expedientes sobre cambios de velocidad.

En la lista de comparecientes ya figuran 78 personas, entre ellas el ministro de Transportes, Óscar Puente; sus predecesores José Luis Ábalos y Raquel Sánchez; la ex secretaria de Estado y ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; y el ex asesor de Ábalos, Koldo García. La enumeración, avisan los populares, puede ampliarse. No es casual: buscan escuchar a quienes ocuparon puestos decisivos en la gestión ferroviaria.

La portavoz del PP ha señalado que lo sucedido en Adamuz "no fue un hecho aislado ni una cadena de errores sino un fallo del sistema y del Gobierno" y ha vinculado el deterioro a decisiones políticas y de gestión. También ha subrayado la preocupación por las repercusiones inmediatas, como la suspensión de la línea de AVE Madrid-Málaga durante la Semana Santa, y la obligación moral de dar respuesta a las familias de las víctimas para que "sepan la verdad de lo que pasó".

El plan de trabajo anunciado por los populares remarca un objetivo explícito: deslindar responsabilidades políticas del indiscutible deterioro de los servicios ferroviarios. Esa ambición se traduce en una investigación extensa que incluye, además de comparecencias, la revisión de inversiones, contratos y cambios técnicos que pueden haber puesto en riesgo la seguridad y la eficacia del servicio público.

El proceso descrito por el PP —un año de trabajo, tres fases y un dictamen final que se elevará al Pleno— es la respuesta institucional que la mayoría en el Senado ha decidido aplicar ante una crisis que, a juicio de la formación, excede lo accidental. Los pasos que vienen serán, por tanto, una prueba de rigor documental y de confrontación política: la comisión pedirá pruebas, citará responsables y trazará conclusiones que se someterán al debate y la votación en la Cámara Alta.