Alicante levanta la voz: la docencia en pie por la educación pública

La mañana en Alicante tuvo el clarín de la protesta: pancartas en las puertas de los colegios, piquetes informativos y, finalmente, una marea humana que confluyó en la Avenida Aguilera frente a la sede territorial de Educación. Doce mil personas, cifra facilitada por la Subdelegación del Gobierno, pusieron físicamente sobre el asfalto lo que muchos vienen denunciando en voz baja: la educación pública reclama condiciones que hoy no disfruta.

No es solo ruido callejero. Las demandas están descritas con precisión: mejoras salariales, infraestructuras dignas, reducción de ratios, aumento de plantilla y más presencia del valenciano en las aulas. Lemas que combinan indignación y dignidad —"La docència no pot ser supervivència", "Docents cremats, futur apagat"— dibujan la foto de un colectivo que siente que la vocación ya no alcanza para sostener el sistema.

Las cifras, sin embargo, no hablan con una sola voz. La Conselleria de Educación ofrece un seguimiento del 47,01 % hasta las 13:00 horas; los sindicatos, tomando datos a las 12:00 horas, sitúan la adhesión entre el 85 y el 95 %. Esa disonancia estadística no anula la evidencia: la protesta reunió a docentes, estudiantes, familias y representantes de PSPV, Compromís, Esquerra Unida y Podem. Los sindicatos dejaron claro que en algunos centros solo los servicios mínimos habían acudido a las aulas.

El ritmo de la movilización fue claro y ordenado: escalinatas del IES Jorge Juan como punto de partida, recorrido por avenidas céntricas y culminación ante la dirección territorial de Educación y la sede contigua. Allí los portavoces sindicales renovaron la petición de diálogo, advirtiendo que están dispuestos a retirar la huelga indefinida si la Conselleria atiende las necesidades planteadas. Palabra por palabra, la negociación y la respuesta siguen siendo la clave.

La Consellera Carmen Ortí reconoció que la situación "es compleja" y afirmó mantener los "canales de diálogo" con la intención de "llegar a acuerdos" y volver a sentarse en la mesa de negociación —prevista inicialmente para el 9 de junio— "lo más pronto posible". Queda así abierta una ventana de negociación que ambas partes señalan como necesaria; la pregunta es si bastará con lo ofrecido hasta ahora.

Porque la oferta sobre la mesa ha sido catalogada por los sindicatos como insuficiente. Educación planteó una subida salarial de 1.050 euros brutos anuales para todos los cuerpos, lo que se traduce en unos 75 euros al mes, con un incremento progresivo de unos 25 euros brutos al mes a partir del 1 de enero de 2027. Los sindicatos la tildaron de "irrisoria"; los docentes, en la calle, hablan de supervivencia y de futuro.

No es una disputa técnica entre economistas: es una decisión sobre qué país queremos. Si la respuesta institucional sigue siendo parca y la negociación no imprime soluciones que reviertan la precariedad docente y las carencias en infraestructuras y plantilla, las movilizaciones tendrán recorrido. Hoy Alicante ha puesto el listón; toca a la política responder con hechos y no con eufemismos.