Alianza sin ambages: Vox, Netanyahu y la internacional ultra

La política no es un juego de amistades privadas; es responsabilidad pública. Que Benjamín Netanyahu calificara de “aliados y compañeros de armas” a la delegación de Patriots y que el Likud haya sido admitido como socio observador en esa internacional ultra son hechos que no se desvanecen por el recurso a eufemismos o silencios.

Santiago Abascal y su organización han convertido en práctica habitual la estrecha relación con esa red: vídeo de saludo a conferencias en Jerusalén, envíos de representantes —Jorge Buxadé y Hermann Tertsch—, promesas públicas de revertir decisiones del Estado español y la creación, presentada por la ministra Mirí Regev, de una rama israelí llamada Patriotas de Jerusalén. Son actos registrables, comprobables, no meras «alianzas retóricas».

Frente a esos compromisos transfronterizos, Vox exhibe una postura doméstica intransigente: rechazo a colaborar con decretos del Gobierno que, según ellos, proceden de una “mafia”; boicot previo a consultas formales; oposición sistemática a medidas gubernamentales incluso cuando esas medidas coinciden con demandas recurrentes de sus electorados —agricultores y pequeños comerciantes— afectados por la crisis del precio del gasóleo y el encarecimiento del transporte.

La paradoja es evidente y políticamente relevante: la formación que proclama defender al agricultor o al comercio local se niega a respaldar medidas de protección cuando las firma el Ejecutivo, pero a la vez se compromete públicamente con líderes extranjeros que, por su intervención exterior, influyen en la situación internacional que repercute en los costes que soportan esos mismos sectores.

No es menor, además, la dimensión simbólica. Saludarse como “hermanos y hermanas en la lucha decisiva por el futuro del mundo” en boca de un primer ministro extranjero y sus invitados europeos proyecta una pertenencia ideológica que trasciende la táctica parlamentaria. En política, las etiquetas importan porque definen agendas. Que Vox actuara en marzo de 2025 para condicionar apoyos autonómicos a la retirada de subvenciones a UNRWA o que sus eurodiputados y dirigentes exijan la suspensión de fondos a la agencia de la ONU son decisiones políticas que encajan en esa coherencia externa-interna y que deben ser atendidas por el electorado.

El debate sobre guerra y paz, sobre las prioridades de la diplomacia española y sobre la protección de sectores golpeados por la guerra no admite ni hipocresía ni simulacros. Existe una línea clara entre defender los intereses nacionales desde una política seria y convertir la política exterior en réplica de los lazos ideológicos foráneos. Los ciudadanos merecen saber con nitidez a qué lealtades responden sus representantes.

En definitiva: la cronología de viajes, saludos, promesas y condicionamientos que describe la prensa no es un simple idilio retórico; es un mapa de prioridades políticas. Quien plantea la soberanía y la defensa del interés nacional debe explicar con claridad si sus compromisos están al servicio de España o de una internacional de afinidades que sitúa a sus líderes como “compañeros de armas” fuera de nuestras fronteras.