Alarma democrática: el PP fuerza una comisión sobre RTVE y denuncia 'TelePedro'

El Partido Popular ha decidido elevar el tono y la presión institucional: en el Senado ha registrado la apertura de una comisión de investigación sobre RTVE que, de salir adelante en el Pleno del 7 y 8 de abril, será la séptima de este tipo que el grupo popular promueve en la presente legislatura. No es una iniciativa menor: es la respuesta consciente de una mayoría que pretende llevar al centro del debate público y parlamentario las sospechas que expone.

Alicia García, portavoz del PP en la Cámara Alta, no ha ahorrado adjetivos ni apodos: ha bautizado a la Corporación con el sobrenombre de "TelePedro" y ha acusado a RTVE de haber sido "degradada", de funcionar como "una agencia de colocación privada al servicio del poder" y de practicar "propaganda sanchista pagada por el dinero de todos los españoles". Son afirmaciones duras cuyo calado político obliga a la investigación formal que solicitan los populares.

El escrito registrado por el PP ante el presidente del Senado plantea motivos concretos: indicios de "prácticas negligentes en la gestión de fondos públicos", ausencia de la transparencia mínima en la contabilidad de la Corporación y un gasto de fondos públicos que, según el partido de Alberto Núñez Feijóo, comprometería la viabilidad financiera del ente. Sobre la tabla quedan, además, denuncias de externalización informativa "bajo el disfraz del infoentretenimiento" y de contratación masiva de personal externo, por la que —sostienen— "se han gastado millones de euros".

La iniciativa pone el foco en responsabilidades políticas y directivas: Alicia García ha señalado que, pese a existir ya una comisión mixta de control parlamentario sobre RTVE, hay "indicios suficientes" que justifican una nueva vía de investigación para conocer la "gestión directiva, financiera y patrimonial". La denuncia pone asimismo el dedo en la figura del presidente de la Corporación, José Pablo López, a quien acusan de actuar como "delegado del Gobierno" y en la que, según el PP, opera un modelo de "control absoluto" a través de la figura del administrador único.

No se han concretado aún las comparecencias que la comisión pueda ordenar: la portavoz popular no ha descartado citar a periodistas, pero ha subrayado que el objetivo será depurar responsabilidades políticas —"quienes toman las decisiones estratégicas, pero sobre todo los responsables políticos"— y desenmarañar la situación patrimonial y financiera de la Corporación.

Sea cual sea el resultado de los trabajos que ahora propone el PP, la iniciativa escenifica un choque institucional: por un lado, una mayoría en la Cámara Alta que exige rendición de cuentas y transparencia; por otro, la necesidad de que la investigación se atenga a pruebas y procedimientos para que, demostradas o descartadas las imputaciones, la ciudadanía pueda conocer la verdad sobre la gestión de un ente público financiado con recursos generales.